El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su más reciente informe sobre las prácticas de derechos humanos en Colombia. Entre las múltiples revelaciones que hizo en el documento, había una mención al hijo del presidente Gustavo Petro y exdiputado del departamento del Atlántico, Nicolás Petro, quien tiene líos judiciales por el manejo de dineros que supuestamente iban para la campaña presidencial de su progenitor.
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El nombre de Nicolás Petro aparece en el fragmento del informe que el Departamento de Estado le dedica a la corrupción en Colombia.
Para empezar, menciona que en el país hay un marco legal establecido con el fin de castigar a los corruptos, aunque en ocasiones este sistema falla.
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“La ley establecía sanciones penales por corrupción de funcionarios y, en general, el gobierno implementó estas leyes de manera efectiva, aunque en ocasiones los funcionarios incurrieron en prácticas corruptas sin castigo. Hubo numerosos informes de corrupción gubernamental durante el año, particularmente a nivel local y en relación con la implementación de los fondos del acuerdo de paz. Había corrupción dentro del sistema de justicia. Los ingresos procedentes de la delincuencia organizada transnacional, incluidos el tráfico de drogas y la minería ilegal de oro, exacerbaron la corrupción”, detalla el inofrme del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Más tarde menciona los cuestionamientos que han recibido el hijo y el hermano del presidente Gustavo Petro. Entre otras cosas, recuerda que la Fiscalía General de la Nación les abrió investigaciones porque supuestamente habrían aceptado lo que denominaron como “pagos irregulares”, algunos de los cuales habrían estado destinados a financiar la campaña presidencial del hoy primer mandatario en 2022.
También mencionaron los riesgos que enfrentan aquellas personas que buscan investigar hechos de corrupción a nivel nacional y local. “Los periodistas que informaban sobre corrupción se enfrentaban periódicamente a amenazas”, reza el informe del Departamento de Estado.
Por último, mencionaron que hay tentáculos de la corrupción en el poder Legislativo y en los gobiernos locales del país. “Los fiscales que investigan a congresistas y altos funcionarios de gobierno informaron que desde enero iniciaron 12 nuevas investigaciones a nueve exsenadores y tres exrepresentantes de la Cámara, 36 investigaciones a 39 exgobernadores, 94 investigaciones a 25 gobernadores y cuatro investigaciones a exalcaldes”, concluye el documento.