En las últimas horas se conoció un operativo que llevó a cabo el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) junto a la Policía Nacional para decomisar múltiples elementos que tenían los privados de la libertad en la cárcel del municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca.
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Las imágenes muestran una indignante cantidad de drogas, armas y dispositivos electrónicos que les permitían a los señalados delincuentes comunicarse.
Entre otras cosas, las autoridades reportaron que les decomisaron cerca de 120 kilos de marihuana, 4,7 kilos de clorhidrato de coca. Además, señalaron que encontraron alrededor de 13 millones de pesos y 13 litros de licor.
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Además, en las imágenes se aprecia que les quitaron a los privados de la libertad un gran arsenal de armas blancas entre las cuales había cuchillos y machetes de gran tamaño.
Increíble e histórica incautación en la cárcel de Jamundí.😳😮 Las autoridades decomisaron 120 kilos de marihuana, 4.7 kilos de cocaina, 147 celulares, 13 millones de pesos y 83 litros de licor.
— Que Pasa en Cali ve! (@quepasaencalive) April 19, 2024
El lugar donde guardaban la 'merca' era en los techos de la cárcel.
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“Nos dieron información que buscáramos un centro de acopio en un centro donde nunca habíamos requisado, siempre requisábamos las celdas, las zonas comunes, pero no las tejas, gracias a la pericia de los grupos operativos especiales empezaron a detectar unas tejas que estaban acomodadas en una forma diferente y a través de esa pericia lograron encontrar esa caleta”, aseguró el director del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, quien fue citado por la emisora Caracol Radio.
Otro sorpresivo dato que arrojó el operativo es que las autoridades encontraron un total de 147 celulares. Esto es especialmente preocupante debido a que organizaciones sin ánimo de lucro como la fundación Paz y Reconciliación han advertido que una buena parte de las extorsiones que se registran en distintas partes del país se originan en las cárceles.
Algunos privados de la libertad aprovechan su influencia al interior de los centros penitenciarios para disponer de celulares, comunicarse con sus cómplices en el exterior o amenazar a los ciudadanos que no quieran pagarles a sus organizaciones criminales.