El delito de la extorsión en Colombia registró un incremento de 7,9 por ciento entre 2022 y 2023, según un informe divulgado ayer por la fundación Paz y reconciliación. Para elaborarlo los investigadores usaron los datos publicados por la Policía Nacional a través de su Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (Siedco).
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En total, la organización sin ánimo de lucro señaló que el año pasado se registraron 10.560 denuncias de extorsión en todo el país. Este dato se enmarca en una tendencia al alza que se ha registrado en el último lustro. De hecho, Paz y reconciliación informó que el incremento más pronunciado se presentó entre 2021 y 2022, cuando las denuncias crecieron un 17,3 por ciento.
El informe, además, da detalles sobre los medios de los que se valen los criminales para extorsionar a la ciudadanía. Las formas más comunes fueron a través de las llamadas telefónicas (con un 42,7 por ciento de los casos), los cobros directos (26 por ciento) y las redes sociales (14,3 por ciento).
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Las entidades territoriales que reportaron más denuncias en el país fueron Antioquia (con 1.797 denuncias), Bogotá (1.626), Atlántico (1.303), Valle del Cauca (1.100) y Norte de Santander (549).
“La extorsión se está concentrando en entornos con grandes aglomeraciones urbanas, debido a que en esos 5 departamentos se ubican algunas de las principales áreas metropolitanas a nivel nacional”, señala el informe.
Isaac Morales, coordinador de Seguridad y convivencia de Paz y reconciliación, dijo que es difícil explicar a qué se debe el incremento en los casos de extorsión a nivel nacional, pues se trata de un fenómeno que responde a dinámicas locales y depende de múltiples factores.
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“No hay una sola causa estructural. Lo que nosotros sí decimos en el informe es que existe como una suerte de sofisticación del delito en las organizaciones delincuenciales para diversficar sus fuentes de financiación y apuntarle a más economías iícitas”, explicó Morales.
Para el experto, la extorsión ha tenido una transformación profunda en los últimos años debido al cambio en las dinámicas del conflicto armado a nivel nacional. Si bien antes algunos actores como las Farc eran los que ejercían la extorsión en zonas rurales donde tenían dominio, en los últimos años aparecieron otros grupos criminales que empezaron a ejercer control en las grandes capitales.
Así mismo, Morales sostuvo que la extorsión es un delito que les da facilidades a los delincuentes, pues no deben exponerse demasiado para cometerlo. “Lo hacen de manera indirecta, envían un mensaje, llaman, pero no están poniendo la cara como sí pasa con otros delitos como el narcotráfico”, dijo Morales.
Las bandas que operan en Bogotá
En el caso puntual de Bogotá las cifras del informe muestran que las denuncias crecieron por encima del promedio nacional, pues se registró un aumento del 19,9 por ciento en las denuncias entre 2022 y 2023.
Una de las bandas que comete más delitos de este tipo en la capital es el Tren de Aragua, que tiene presencia en zonas del centro, suroriente y suroccidente. Allí ejerce la extorsión, el microtráfico y otros delitos conexos.
“Según investigaciones recientes, esta organización estaría generando exigencias económicas a comerciantes que oscilan entre los 250.000 y 300.000 pesos semanales, en su mayoría generados desde centros carcelarios”, señala el informe de Paz y reconciliación.
La otra organización que ha estado detrás de las extorsiones en la capital es la banda Satanás, que opera en el suroccidente y suroriente. Comerciantes, trabajadoras sexuales y bicitaxistas han sido sus principales víctimas, de acuerdo con el documento de la fundación.
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Incluso habrían recurrido a actos de tortura y atentados para hacer que sus víctimas paguen lo que les exigen. Además, indicaron que hacen cobros semanales, pero también han llegado a pedir pagos que ascenderían a los 300 millones de pesos.
A raíz de estos hechos, el descontento de la ciudadanía se ha hecho visible en la capital y en los municipios aledaños. Esta misma semana algunos transportadores de Soacha salieron a las calles para protestar contra la falta de seguridad que tienen para ejercer su oficio. Alegaban que han sido víctimas frecuentes de las extorsiones y les exigían a las autoridades garantías para trabajar.
Ante los bloqueos, que afectaron gravemente la movilidad entre Soacha y Bogotá el lunes pasado, el alcalde del municipio, Víctor Julián Sánchez, advirtió que estaban trabajando para mejorar la seguridad de los conductores.
“Queremos dar un parte de tranquilidad a toda la ciudadanía de Soacha. En cabeza de nuestra policía metropolitana, de la administración municipal y de todas las unidades investigativas, venimos haciendo una labor para generar tranquilidad en los conductores, seguridad en las empresas de transporte”, detalló el mandatario local a través de un video difundido en redes sociales.
A su vez, indicó que se están adelantando labores como caravanas de la vida y capacitaciones para contrarrestar el delito de la extorsión. Incluso, recordó que hay una línea de WhatsApp para denunciar estos hechos.