Continúa el expresidente Álvaro Uribe defendiéndose de su proceso que lleva por presunto fraude procesal y soborno a testigos, ante el llamado a juicio de la Fiscalía General de la Nación. En esta ocasión el exjefe de Estado se refirió a las interceptaciones que le hizo según él, de manera equivocada e ilegal la Corte Suprema de Justicia.
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“Serie de pruebas de montaje: el magistrado Barceló de la Corte Suprema, ponente inicial de mi proceso en mi contra, proceso que mantuvieron en secreto, que se lo negaron a mis abogados, ordenó interceptar el teléfono del representante Nilton Córdoba. Cuando ya habían adelantado escuchas, interceptaciones, el operador les dijo: estoy escuchando a Álvaro Uribe, él les advirtió el error, sin embargo le dijeron: siga”, dijo Álvaro Uribe.
El exmandatario continuó argumentando lo que para él fue un “delito doloso” al que incurrió la Corte.
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“En este punto el error inicial se convierte en delito doloso, hay premeditación, se muestra el interés de hacerme daño y no ha habido avances de acciones judiciales. La Fiscalía declaró la caducidad de la acción disciplinaria en favor del analista de las escuchas, de las interceptaciones”, aseguró el expresidente.
¿Qué sigue en el proceso de Álvaro Uribe?
De acuerdo con Miguel Ángel del Río, abogado de las víctimas, lo que sigue en el proceso tras conocerse el juicio en contra de Uribe Vélez, es esperar a que se conozca y se traslade el caso al centro de acusación y luego de la radicación del escrito, por reparto, “se asignará un juez independiente de conocimiento, precisamente para asignar audiencia de formalización de acusación donde tanto la fiscalía, como la representación de víctimas, expondrán los elementos materiales probatorios”, explicó el jurista en medio de una entrevista con WRadio.
Fiscalía General de la Nación también manifestó que “garantiza el derecho al debido proceso en la presente y en todas las actuaciones a su cargo”. Por ahora, el investigado y su defensa, el agente especial de la Procuraduría General de la Nación y quienes reclaman la calidad de víctimas con sus apoderados, tendrán la oportunidad de solicitar pruebas y participar en el debate oral con la práctica e incorporación de medios probatorios y alegaciones, que deberá culminar con la emisión de un fallo.
Actualmente, la justicia tiene plazo hasta 2026 para emitir un fallo definitivo en este caso, que ha sido objeto de intensos debates y controversias en Colombia.