En una decisión sorpresiva, la Fiscalía General de la Nación anunció que presentará cargos contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez por presuntos delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. Este acontecimiento marca un hito en un caso judicial que ha atravesado múltiples etapas desde su inicio en septiembre de 2018, cuando se reveló la interceptación por error del teléfono del expresidente. Desde entonces, el proceso ha sido objeto de intensos debates y controversias en Colombia, y ahora la justicia tiene plazo hasta 2026 para emitir un fallo definitivo.
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En la mañana del martes 9 de abril, la Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado en el que se confirmó que acusará al expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez como presunto determinador de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal.
Esta decisión llegó por parte del fiscal Gilberto Villarreal, delegando ante la Corte Suprema de Justicia, quien asumió el caso desde la fiscalía 16 de enero, luego de que le fuera asignado por Francisco Barbosa. Villarreal continuó en el caso durante la dirección de Martha Mancera, y ahora en la fiscalía de Luz Adriana Camargo.
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El 15 de abril estaba previsto que se terminaran los 90 días dados para que la Fiscalía determinara el destino legal del expresidente; sin embargo, la decisión llegó antes sorprendiendo al uribismo con la noticia sobre el próximo juicio. Los testimonios de Juan Guillermo Monsalve y su exesposa, Deyanira Gómez, así como el testimonio de Carlos Enrique Vélez, todos exparamilitares, fueron tenidos en cuenta por la Fiscalía para redactar la acusación contra Álvaro Uribe, la cual fue presentada el 9 de abril en el Complejo Judicial de Paloquemao.
Más tarde, la Fiscalía, a través de un comunicado, afirmó que la acusación presentada contra Uribe se basó en “la evidencia física y los elementos materiales probatorios” reunidos y evaluados durante los últimos tres meses por el departamento asignado a este caso mediante distribución.
Según el comunicado, la decisión del fiscal delegado fue adoptada luego de dos solicitudes de preclusión de fiscales diferentes que resultaron desestimadas por las jueces penales del circuito competentes.
Inicio y antecedentes del proceso
En el 2012, el senador Iván Cepeda presentó una demanda en contra del expresidente Uribe en el que lo señalaba de haber fundado el Bloque Metro de las AUC, el senador Cepeda sumó dos testimonios que respaldaron dicha acusación y avivaron un debate sobre el paramilitarismo en Antioquia.
En su defensa, el expresidente Uribe presentó, ante la Corte Suprema de Justicia, una denuncia en contra de Cepeda, por supuesta manipulación de testigos y para respaldarla presentó entrevistas con varios presos. Entre ellos se identificó a Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve, quienes se encuentran detenidos en las cárceles de Palmira y La Picota en Bogotá, respectivamente, así como a una mujer identificada como Eurídice Cortés.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia en el 2018 le devolvió la denuncia al exmandatario, pues la Alta Corte emitió un auto en el que comunicó que cerraba las investigaciones en contra de Cepeda, y en un giro inesperado abrió la investigación por manipulación de testigos pero en contra de Uribe Vélez.
La acusación de manipulación de testigos en proceso penal está vinculada con la supuesta entrega de sobornos a varios exparamilitares. Entre los cuales figura Juan Guillermo Monsalve a quien el abogado de Uribe, Diego Cadena, habría visitado en la cárcel con el fin de que cambiará su versión en contra de Uribe y dijera que había sido manipulado por el senador Cepeda. Estos pagos tendrían como objetivo obtener testimonios favorables para el exmandatario. Por otro lado, el cargo por fraude procesal abarca todas las irregularidades detectadas en el caso.
El caso Uribe ha sido un proceso judicial extenso y complejo que ha atravesado diversas etapas. En septiembre de 2018, en esa fecha, se reveló que la Corte Suprema había interceptado por error el teléfono del expresidente, que estaba registrado a nombre del excongresista Nilton Córdoba Manyoma. Este incidente desencadenó una serie de acontecimientos legales.
En noviembre de 2018, el caso pasó a manos de la nueva Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, dirigida por la magistrada Cristina Lombana. Posteriormente, en febrero de 2019, Iván Cepeda, inicialmente acusado por manipulación de testigos contra Uribe, fue admitido como parte civil en el proceso.
En octubre de 2019, Uribe fue formalmente vinculado por los delitos de soborno y fraude procesal. Esto condujo a la orden de detención domiciliaria en agosto de 2020, lo que llevó a su renuncia como senador y al traspaso del caso a la Fiscalía General de la Nación.
A lo largo de los años siguientes, se sucedieron varias solicitudes de preclusión del caso, todas rechazadas por diferentes instancias judiciales. En abril de 2024, el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema radicó el escrito de acusación contra Uribe Vélez, presentando nuevas pruebas y preparándose para el juicio.
¿Qué sigue en el proceso?
De acuerdo con Miguel Ángel del Río, abogado de las víctimas, lo que sigue en el proceso tras conocerse el juicio en contra de Uribe Vélez, es esperar a que se conozca y se traslade el caso al centro de acusación y luego de la radicación del escrito, por reparto, “se asignará un juez independiente de conocimiento, precisamente para asignar audiencia de formalización de acusación donde tanto la fiscalía, como la representación de víctimas, expondrán los elementos materiales probatorios”, explicó el jurista en medio de una entrevista con WRadio.
Fiscalía General de la Nación también manifestó que “garantiza el derecho al debido proceso en la presente y en todas las actuaciones a su cargo”. Por ahora, el investigado y su defensa, el agente especial de la Procuraduría General de la Nación y quienes reclaman la calidad de víctimas con sus apoderados, tendrán la oportunidad de solicitar pruebas y participar en el debate oral con la práctica e incorporación de medios probatorios y alegaciones, que deberá culminar con la emisión de un fallo.
Actualmente, la justicia tiene plazo hasta 2026 para emitir un fallo definitivo en este caso, que ha sido objeto de intensos debates y controversias en Colombia.