Naciones Unidas presentó el Informe Anual del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre la situación humanitaria en Colombia desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.
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La investigación se centró en el impacto de la violencia territorial en los derechos humanos, en las políticas de paz, de seguridad y de desmantelamiento; en el estado de implementación del Acuerdo de paz en materia de derechos humanos; y en el espacio cívico.
En cabeza de Juliette de Rivero, representante en Colombia, la radiografía de la situación de seguridad y de derechos humanos es “dramática” y “preocupante”, pues se registró un incremento en las masacres de 6,5 %, con respecto al 2022, donde el 93 % fueron cometidas por grupos armados no estatales y organizaciones criminales.
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En las 98 masacres verificadas -y 25 fueron consideradas no concluyentes-, se registraron 320 víctimas (242 hombres, 46 mujeres, 25 niños y 7 niñas). Del total de víctimas, 18 pertenecían a pueblos étnicos (15 indígenas y 3 afrodescendientes). Siendo los departamentos de Antioquia, Atlántico, Cauca, Magdalena, Nariño y Valle del Cauca, los más afectados.
“La realidad que hemos documentado es alarmante, donde todavía se vulneran gravemente los Derechos Humanos. Donde las comunidades se sienten solas frente a los actores armados. Donde vemos un fenómeno de reclutamiento infantil que preocupa muchísimo y destruye a las comunidades; y también los casos de secuestro y desaparición que continúan”, alertó de Rivero.
Precisamente, respecto al reclutamiento, uso o utilización forzada de niños y niñas, la Oficina verificó 134 casos -ocurridos en su mayoría en Antioquia, Arauca, Cauca y Nariño- de los cuales 75 víctimas pertenecían a pueblos étnicos (71 indígenas y 4 afrodescendientes), 37 sufrieron múltiples violaciones de derechos, y 11 fueron reclutadas en escuelas por grupos armados no estatales ubicados en centros educativos y sus inmediaciones.
“En 16 casos se reportaron amenazas contra las víctimas, sus familiares o sus autoridades tradicionales. Cinco niños fueron judicializados por haber pertenecido a un grupo armado no estatal, en lugar de restablecerse sus derechos y reconocerse su calidad de víctima”, advirtió el informe.
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Por otra parte, alertaron que las personas líderes vinculadas a las Juntas de Acción Comunal (JAC), siguen siendo las principales víctimas como resultado de la violencia, representando el 33% de los casos de homicidios verificados a defensores de Derechos Humanos. “El número de condenas de los responsables intelectuales y materiales de estos homicidios y el nivel de esclarecimiento sobre las circunstancias de estos crímenes sigue siendo insuficiente”, acotó el informe a la Fiscalía.
El cuerpo de las mujeres y niñas sigue siendo utilizado como arma de guerra
La Oficina recibió 100 alegaciones de violencia basada en género, incluyendo violencia sexual en el marco del conflicto armado. 53 casos fueron verificados en Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, Chocó, Córdoba, Meta, Nariño y Norte de Santander. Entre ellos, la Oficina documentó algunos casos de trata con fines de explotación sexual contra niñas por parte de grupos armados no estatales, que las estarían transportando a sus campamentos para ser explotadas sexualmente por sus integrantes en Chocó y Nariño. También algunos casos de violaciones de mujeres y niñas en el marco del control social ejercido por estos grupos, incluyendo casos que habrían ocurrido en la presencia de familiares.
De igual manera, la ACNUDH documentó feminicidios, violencia sexual y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de grupos armados no estatales contra mujeres acusadas de ser pareja de miembros de grupos rivales o de integrantes de la Fuerza Pública. También conoció situaciones de amenazas, desplazamiento o violencia contra personas LGBTIQ+ por su orientación sexual o identidad de género.
“La Oficina considera necesario que las autoridades tomen medidas más efectivas para investigar y sancionar a los responsables, y prevenir la ocurrencia de nuevas violaciones; así como fortalecer la coordinación interinstitucional que garantice plenamente los derechos de las niñas”, enfatizaron.
¿Cómo va la implementación de los Acuerdos de Paz?
Respecto a la Reforma Rural Integral, manifestaron la petición clara de las comunidades con respecto a fortalecer los espacios de participación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que, aseguran, continúa siendo uno de los aspectos más relevantes.
“La Oficina manifiesta su preocupación por la seguridad de líderes campesinos que participan en procesos de restitución y acceso a tierras y otros procesos que garantizan sus derechos. Preocupa, además, que algunos grupos armados no estatales presionen a comunidades para participar en las guardias campesinas”.
Y es que, señalan, que a más de siete años de la firma del Acuerdo de Paz, el avance de la implementación de los 16 planes sectoriales para la reforma rural integral sigue siendo insuficiente. “Los planes de electrificación rural, vivienda rural o zonificación ambiental tienen mínimos avances y ninguno de los 16 supera el 40% de implementación”.
Por otro lado, si bien la implementación del Capítulo Étnico ha tenido avances, según el Sistema Integrado de Información para el Postconflicto, no hay adelantos en materia del cumplimiento de los Planes de Acción Inmediata a pesar de la situación de vulnerabilidad que afrontan.
Avances que destacó ONU DD.HH
En el informe, según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en 2023 aproximadamente 62.967 personas fueron desplazadas y 87.646 confinadas. Representando así una disminución del 22.9 % en desplazamientos y del 14,3 % en confinamientos respecto al año 2022.
Asimismo, la disminución del 5,9 % (48) de los asesinatos a excombatientes de las Farc, respecto a 2022. Cabe recordar que desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados 408 antiguos integrantes de las FARC-EP, incluyendo 11 mujeres.
La Oficina también reconoció los avances en la construcción del primer Plan de Acción Nacional para la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Mujeres Paz y Seguridad en Colombia. “Es de notar la participación de más de 1.500 mujeres de todo el país en consultas participativas”.
Igualmente, la apertura por parte de la JEP del macrocaso 11 para investigar la violencia basada de género, sexual, reproductiva y otros crímenes; como la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad, a cargo de la también vicepresidenta, Francia Márquez.
Las recomendaciones al Gobierno Nacional, de cara a su política de Paz Total
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), realizó varias recomendaciones al Gobierno del presidente Gustavo Petro con el fin de realizar todos los esfuerzos posibles para lograr una mejor articulación estatal, a nivel territorial, al momento de implementar las políticas de “paz total” y de “desmantelamiento de organizaciones criminales que atentan contra la construcción de la paz, incluidas las denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”.
- Considera esencial empoderar a las organizaciones étnico-territoriales y de base, como eje fundamental para priorizar la protección de la población civil y del territorio. En particular, es necesario una mejor coordinación entre las autoridades locales, regionales y nacionales para la articulación y ejecución de las diferentes políticas, y con el fin de fortalecer la presencia del Estado en los territorios.
- Recomendó al Gobierno la formalización de distintos procesos de diálogo con organizaciones de base, autoridades étnico-territoriales y poblaciones más afectadas por el conflicto armado a nivel territorial, independientemente de los diferentes espacios de diálogo con grupos armados no estatales, en el que la población civil organizada pueda expresarle directamente al Estado sus propuestas y opiniones sobre seguridad humana y paz territorial.
- Construir con la plena participación de la sociedad civil, un nuevo modelo de protección para personas defensoras que no dependa exclusivamente de la Unidad Nacional de Protección y que tenga un enfoque de género, territorial, étnico, civil, integral y colectivo.
- Incluir como un punto central en los diálogos y/o negociaciones con actores armados no estatales el cese de acciones que atenten contra los derechos de la población civil, en particular el reclutamiento infantil y la violencia basada en género.