Hasta el 29 de diciembre de 2023, era el plazo máximo para que los candidatos inscritos a las elecciones regionales del pasado 29 de octubre, informaran sobre sus ingresos y gastos de campaña en el aplicativo “Cuentas Claras”.
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Sin embargo, 337 funcionarios electos no han cumplido con su obligación. Así lo reportó un informe entregado por el magistrado del Consejo Nacional Electoral, César Lorduy. “Si bien la obligación legal de entregar su informe en los tiempos establecidos por ley recae sobre todos los candidatos que participaron en las elecciones, quienes resultaron electos tienen un deber adicional de rendir cuentas ante sus electores, ahora en su condición de funcionarios públicos”, aseguró.
El documento, resultado del cruce de información de tres bases de datos: la de funcionarios electos, la de los 14.059 candidatos que - a la fecha- no han presentado su informe y la de los 114.615 aspirantes que sí cumplieron con su obligación, concluyó que los ediles (201) es el cargo con mayor incumplimiento seguido de: 128 concejales, 5 alcaldes y 3 diputados. “Es de resaltar que todos los gobernadores electos cumplieron con su obligación”.
Al analizar por género, los 337 casos de funcionarios electos que no han presentado su informe, 67 % (225 casos) son hombres; y 33 % (112 casos) mujeres.
Mientras que los casos según la colectividad el mayor número de funcionarios electos que no han presentado su informe es el Partido Conservador (94), seguido de Alianza Verde (28), Centro Democrático (22), Polo Democrático (19), Creemos (17), Pacto Histórico (15), En Marcha (15), Mais (13), Colombia Renaciente (9) y ADA (9).
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Asimismo, los departamentos con faltas son: Antioquia (51), Tolima (24), Nariño (21), La Guajira (20), Magdalena (20) y Sucre (20), Caquetá (11), Bogotá (10), y demás.
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¿Cuáles son las sanciones?
Sanciones económicas de 18′497.637 y los 184′976.375 pesos, es a lo que se enfrentaría los 337 funcionarios que no han cumplido con informar al CNE sus ingresos y gastos de campaña.
De igual manera, los partidos los puede sancionar con la pérdida de la credencial como miembros de la colectividad.
