El fiscal General, Francisco Barbosa, se refirió a la medida que propone el presidente Gustavo Petro, para pagarle a los jóvenes un millón de pesos con el objetivo de que estos recursos eviten que tengan que recurrir a la delincuencia. El jefe del ente acusador cuestionó fuertemente en medio del VIII Encuentro Internacional y XII Nacional de la Red de Observatorios del Delito la medida propuesta del Gobierno Nacional: “La respuesta, valiente respuesta tan imbécil, es entregarles un millón de pesos a los criminales que están en las cárceles para que cambien su criterio y con eso transformemos a Colombia. Los colombianos escuchan y la gente aquí en este país no es tonta”, aseguró Barbosa.
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De la misma manera, el funcionario aseguró que la búsqueda de paz no puede estar rodeada de “discursos tontos” y que “la paz no es la paz grandilocuente, no es la paz llena de discursos tontos, sin contenido; la paz es esa paz cotidiana, la paz del barrio, la paz que tiene que ver con unos contextos de convivencia, la paz que tiene que ver con que no violenten a las mujeres, la paz que tiene que ver con la labor que ha hecho la Policía desde el punto de vista preventivo, que es la de acercarse al ciudadano, esa paz que se logra dándole recursos a las víctimas y no a los victimarios”, dijo el fiscal.
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Cabe recordar que la medida de pagar un millón de pesos a los jóvenes fue decretada por el Gobierno Nacional y busca beneficiar a aproximadamente 100.000 personas para evitar que incidan en delitos como el sicariato. Sin embargo, esta medida ha sido fuertemente criticada por varios sectores políticos, los cuales han cuestionado los impactos al fisco del país y además los incentivos que estarían recibiendo los grupos subversivos.
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En los detalles que se conoce de la medida adoptada por el gobierno establece que se destinarán cerca de 1.2 billones de pesos que permitan financiar este subsidio, que solo irá dirigido a aquellos que cumplan con condiciones específicas descritas en el decreto: “Estar en pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad en términos monetarios; tener residencia habitual en zonas rurales; ser, haber sido o tener riesgo de ser víctima de explotación sexual; estar o tener riesgo de estar vinculado o vinculada a dinámicas de criminalidad, violencia o reclutamiento forzado”, dice el documento.