Este lunes la Corte Constitucional tomó una decisión de fondo sobre el Decreto 1085 de 2023 “Por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira”, con el fin de superar la crisis humanitaria que enfrenta el departamento debido a la falta de acceso a servicios básicos vitales.
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El alto tribunal decidió declarar inexequible todo el decreto. Es decir, tumbarlo por considerarlo inconstitucional.
Sin embargo, extendió los efectos de este fallo por el término de un año contados desde su expedición, es decir el 2 de julio de 2023.
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El presidente Gustavo Petro había decretado la emergencia en ese departamento desde julio argumentando que “se avecina una calamidad pública”. El objetivo del mandatario era utilizar este mecanismo en esa región desértica ante las condiciones que allá se viven, especialmente la falta de acceso al agua y los más altos índices de pobreza del país, así como el mayor número de muertes de niños por desnutrición.
Con la declaratoria de emergencia el mandatario quedaba con poderes que le permitían aprobar decretos que, usualmente, deberían pasar antes por el Congreso.
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Piedra en el zapato de Petro
El pasado 30 de agosto la Procuraduría solicitó que se declarara inexequible el decreto ya que, para el Ministerio Público, este no satisfizo los requisitos de “sobreviniencia de los hechos” y de “subsidiaridad”.
Sobre el primer punto, la entidad aseguró que no eran nuevos los hechos que exponía el mandatario sino problemáticas estructurales predecibles de las que todos los Gobiernos han tenido conocimiento. En cuanto a lo segundo, dijo que el Gobierno “cuenta con mecanismos ordinarios para conjurar la crisis”, por lo que no era necesario una emergencia de ese tipo.
Luego, en una visita que hizo a la Corte, Petro aseguró que, entre las razones para tomar esta decisión estaba la fuerte ola de calor que llegará en cuestión de semanas y que golpeará al norte del país.
“Para declarar el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, recorrimos La Guajira de norte a sur. Esta actividad asamblearia entre el Gobierno y la comunidad, hace que el decreto sea un trabajo conjunto con las comunidades”, dijo el presidente.
Y agregó que los datos científicos sobre la crisis climática apuntan a que en los próximos meses en La Guajira se registrarán temperaturas superiores a los 50 grados.
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¿Qué dijo la Corte Constitucional sobre el decreto?
Además de deferir los efectos de esta decisión por el término de un año, el alto tribunal también exhortó al Gobierno de Gustavo Petro y a los congresistas a que adopten las medidas necesarias para superar la crisis humanitaria de La Guajira y así se pueda “garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de las personas que habitan en esa zona del país”.
La Corte también pidió a las instituciones que fortalezcan sus competencias sobre el cambio climático y que el Gobierno les asignen los recursos necesarios para atender estas problemáticas históricas.