La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, anunció este martes 29 de agosto, la apertura de una nueva investigación contra el exembajador Armando Benedetti, por hechos que se remontan a cuando fungía como senador de la República. Según la alta corte, el excongresista está siendo indagado por el delito de concusión, que según el Código Penal determina que “el servidor público que abusando de su cargo o de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite, incurrirá en prisión de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses”.
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Según la Sala de Instrucción, Benedetti habría exigido dineros en 2010 a abogados y beneficiarios de decisiones judiciales, para que la Fiduprevisora desembolsara el pago de pensiones vitalicias y liquidaciones a docentes de Córdoba, de los municipios de Santa Cruz de Lorica y Planeta Rica.
A esta investigación se suma la indagación por financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, luego de audios revelados por el mismo Benedetti donde habla con la exjefa de Gabinete, Laura Sarabia, del ingreso de 15.000 millones de pesos de forma irregular a la campaña del hoy presidente Gustavo Petro.
Igualmente, contra el exembajador de Venezuela, reposan cuatro procesos abiertos en Fiscalía por enriquecimiento ilícito de servidor público, el cual avanza en etapa de investigació; interés indebido en la celebración de contratos- relacionados con el Fondo financiero de proyectos de Desarrollo (Fonade)-.
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Asimismo, por delitos contra mecanismos de participación democrática, como financiar campañas políticas con recursos públicos, clonación de cédulas y o por parte de grupos paramilitares.
