Una nueva polémica se levanta en la discusión por las nuevas reformas a la justicia que plantea el Gobierno de Gustavo Petro luego de la presentación del borrador del proyecto que sería oficialmente presentado en los próximos días en el Congreso de la República. Dentro del proyecto se plantea despenalizar el incesto y otros delitos con el objetivo de descongestionar el sistema.
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El ministro de Justicia, Néstor Osuna, justificó este lunes 6 de febrero las razones por las que algunos crímenes deberían no ser penalizados y así se contribuiría al sistema judicial con un leve descongestionamiento. En este sentido, el funcionario explicó que es necesario que se despenalicen delitos como el incesto, la inasistencia alimentaria, la agravación punitiva cuando la conducta de homicidio recae sobre un menor de edad, violación a la libertad religiosa, emisión y transferencia ilegal de cheque, elección ilícita de candidatos, injuria y calumnia.
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Para el caso del incesto, que actualmente tiene una pena de cárcel entre 1 y 4 años, el ministro explicó que es necesario separar la moral de la justicia en estos casos, pues no siempre lo inmoral es un delito.
“Yo sé que moralmente puede ser muy repudiable pensar en que uno tenga sexo con un pariente, hermano, hermana. Pero ¿tiene sentido meter a la cárcel a dos primos, ambos adultos, que tuvieron sexo? Ese ejercicio nos va a servir para hacer un límite entre la moral y el derecho. No todo lo que es delictivo es inmoral y no todo lo que es inmoral es delictivo”, declaró al respecto.
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De igual forma, el ministro aclaró que en caso de que el incesto ocurra con algún menor de edad involucrado, este conducta aguardaría a ser procesada en otro tipo de proceso. “El incesto actualmente tiene una pena de 1 a 4 años. Con el proyecto buscamos que cuando la víctima sea una menor de edad estos casos se manejen como un delito de acceso carnal violento agravado, que tiene una pena mínima de 40 años. Es decir, no es excarcelable”, aclaró.
El proyecto a presentar busca modernizar el sistema penitenciario en todo el país, para que cumpla su finalidad de devolver a la sociedad personas que se han responsabilizado por los delitos que cometieron y que están comprometidos con no volver a delinquir.