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¿Taxi o aplicaciones de transporte?: los detalles del polémico proyecto de ley que aviva la discusión

La disputa entre ambos gremios vive un álgido momento luego de que el líder gremial de taxis, Hugo Ospina, amenazara con un nuevo paro

Uber siempre está siendo cuestionado por sus tarifas

En la actualidad se ha vuelto común que por seguridad y mayor comodidad en las tarifas, los usuarios de transporte público decidan pedir sus viajes intraurbanos por medio de aplicaciones móviles como Uber, InDrive, DiDi y otras que ofrecen el servicio de arrendamientos de carros para este tipo de recorridos. Sin embargo, esta situación no termina de ser agradable para el gremio de taxistas que argumentan que este tipo de aplicaciones les quitan el trabajo y aunque en otros países de la región esto es tema superado, en Colombia la discusión continúa.

La discusión entre ambos gremios ahora se agudiza por cuenta de un nuevo proyecto de ley que apuntaría a endurecer las sanciones para conductores de plataformas de trasporte y además implementarlas para los usuarios. El proyecto provendría de la Superintendencia de Transporte y aunque no ha sido oficialmente presentado por esta entidad, varias pistas del proyecto ya indignan a miles de ciudadanos.

Este documento, en primera instancia, manifestaría que estas aplicaciones de transporte “atentan de manera directa contra la eficiente prestación del servicio de transporte público esencial y configuran una competencia desleal”. Además, explica que las mismas afectan “la sostenibilidad de la industria del transporte público, amenazando la continuidad y regularidad del servicio básico”.

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Gremio de taxistas amenaza con nuevo paro en los aeropuertos

En medio de la nueva polémica, el pasado martes 31 de enero el líder gremial de taxistas, Hugo Ospina, se mostró enojado por la posibilidad de que se regulen las aplicaciones de transporte e incluso lanzó una amenaza de paro de taxistas que frustaría la actividad aeroportuaria. “Nosotros vamos a dar el todo por el todo, y si este Gobierno o alguno llega a decir que van a aprobar los vehículos particulares para prestar el servicio, nos vamos a movilizar por todo el país, tomándonos los aeropuertos. Vamos a botar los carros en las vías del país, y que se los lleven para los patios porque estamos ya al borde de la quiebra”, dijo el líder gremial.

Ospina recuerda que en los últimos 2 años se suicidaron más de 10 taxistas porque perdieron su casa y su taxi, “porque hoy aquí nadie quiere controlar el transporte informal”. Además, pidió atención sobre las problemáticas de los taxistas y argumentó: “yo también tengo un objetivo con mi taxi, terminar de pagar mi taxi, mi apartamento, la universidad a mis hijos. Pero hoy estoy viendo frustradas todas mis aspiraciones y anhelos porque hoy cualquiera coge un carro particular y presta el servicio”.

Además, reiteró en el derecho de movilizarse y “botar los carros a la calle” para paralizar las vías del país, incluyendo a los aeropuertos, que prestan un servicio que constitucionalmente también es considerado un servicio esencial.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro no se quedó callado y argumentó que la amenaza de Ospina sería un intento por generar un “caos” que no permita un clima pacífico para la aprobación de las reformas sociales que ha propuesto el Gobierno Nacional. Además, argumentó que todos los trabajadores, tanto taxistas como de plataformas de transporte, están sobrexplotados. “Buscan enfrentar unos trabajadores contra otros trabajadores, con el fin que el caos no permita el clima pacífico para reformas sociales. Tanto las personas que trabajan en plataformas como los y las taxistas son personas que estan bajo sobrexplotación”, escribió por medio de sus redes sociales el máximo mandatario.

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Los detalles del nuevo polémico proyecto de ley contra aplicaciones de transporte

El enfoque del proyecto de ley sería, entonces, sancionatorio en contra del conductor y también del usuario. Este acota que las multas podrían alcanzar los “doscientos cincuenta (250) Unidades de Valor Tributario por contratar el suministro del servicio de transporte con personas naturales o jurídicas no autorizadas”. Además, el proyecto aclara que “la sanción será impuesta por cada vehículo usado en los servicios contratados”.

Esto quiere decir que los usuarios tendrían que pagar una multa de un valor de 9′500.000, considerando que cada Unidad es de 38.004 pesos colombianos. En este mismo sentido, el documento expone que habría inmovilización del vehículo en caso de descubrir que es un transporte no autorizado. “Si se comprueba que con el equipo se presta un servicio no autorizado, será inmovilizado la primera vez por el término de treinta (30) días, la segunda vez por sesenta (60) días y en las siguientes ocasiones cada vez por el término de noventa (90) días”.

Por último, el borrador filtrado del proyecto por el director ejecutivo de Alianza In, José Daniel López, también expone que la Superintendencia podría ordenar el bloqueo “de los medios de comercio electrónico o de las plataformas tecnológicas hasta por (30) días por evento, cuando advierta que los servicios por ella ofrecidos permiten de cualquier manera, sin autorización de la ley y de la autoridad de transporte competente, que las necesidades de movilización de terceros se satisfagan en vehículos matriculados en el servicio particular.

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