Se cumplen más de un año y cinco meses desde que asesinaron al presidente de Haití, Jovenel Moïse, cuando se encontraba al interior de casa y fue abordado por sujetos armados que lo asesinaron con varios disparos. 18 colombianos actualmente siguen represados en Haití pero ni siquiera están siendo procesados correctamente y ahora la abogada que representa a 13 de ellos pide auxilio al Gobierno colombiano.
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Los colombianos en Haití acusados del magnicidio no han podido tener el debido proceso, como lo han denunciado en los últimos meses, pero ahora la abogada de 13 de ellos pide con urgencia al Gobierno colombiano que interceda por los exmilitares connacionales para poder hacer que el proceso avance y ellos obtengan su derecho a defenderse y a contar al mundo lo que habría sucedido.
Sondra Macollins Garvin, abogada penalista, ha hecho las veces de voz de los 13 exmilitares a los que representa de los 18 que actualmente se encuentran en Haití. Alejados en una cárcel, sin poder comunicarse sin servicios esenciales como agua y comida, se encuentran actualmente los connacionales que están vinculados al caso del magnicidio, pero que no han podido dar su versión de los hechos, ni conocer las pruebas que hay en su contra, además de que ni siquiera han sido tratados como seres humanos.
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El Gobierno de Haití no ha cumplido con el debido proceso
Como toda ley de vencimiento de términos, en Haití existe la posibilidad de hacer una petición de ‘habeas corpus’ cuando el sistema judicial no avanza con el proceso y sigue reteniendo a los acusados de forma injustificada. Sin embargo y a pesar de las familias han tratado de que les reciban esta petición en este país por medio de una abogada haitiana, no ha sido posible pues alega que los fiscales del caso incluso están bajo amenaza y le han comentado que no pueden recibirle su petición judicial, lo cual resulta absurdo, según cuenta Macollins.
El proceso ha estado lleno de inconsistencias, según denuncia la abogada y defensora de derechos humanos que un día recibió la petición de 12 familias de los exmilitares, que en medio de su desespero por el trato que estaban recibiendo sus familiares en Haití, le solicitaron representación legal humanitaria. Es tanto así, que su captura ni siquiera ha sido legalizada aún y tampoco tienen abogados asignados: “no han tenido acceso a un tribunal ni un juzgado. Ellos llevan 18 meses detenidos sin juez, es decir, el juez existe pero solo se ha adaptado juicio para los tres haitianos-americanos, el resto no ha ido ante un juez y no se les ha asignado un abogado de oficio o traductor”, explica sobre la situación actual de los connacionales la abogada.
Confesiones entre presión y torturas
Además, Macollins argumenta que los 18 connacionales fueron torturados con el objetivo de obligarlos a grabar una confesión unánime en donde daban detalles inconsistentes sobre los hechos que ocurrieron el 7 de julio de 2021. “Los primeros 26 días de su captura fueron torturados física y psicológicamente, obligados a repetir un discurso que luego les graban en unas condiciones deplorables unos funcionarios del FBI de Estados Unidos. Esas grabaciones donde dan series específicas de detalles, son las únicas que han mostrado a la luz pública. No hay pruebas técnicas, no hay balística, no hay necropsia del cuerpo del presidente, no hay escena del crimen y no están los videos que existían en la casa”, agregó la abogada. Adicionalmente, los cuerpos de los militares colombianos que fueron asesinados se incineraron en Haití luego de su muerte y la abogada acota que es claro que cuando una persona muere violentamente, su cuerpo no se puede incinerar.
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Encima de esto, la abogada resalta que los colombianos no han tenido la oportunidad de darle resonancia a su versión de los hechos, pues según alegan en cartas publicadas por ella misma y escritas por ellos, fueron engañados para ir a Haití con el objetivo de participar en una supuesta captura. Además, los haitianos no han tenido comunicación frecuente desde el periodo finalizado del cónsul honorario, Julio Santa, que se dio hasta el 15 de julio de este año. Tras esto no han nombrado un nuevo cónsul por la situación complicada de seguridad en ese país, pues de hecho el excónsul tuvo que salir y ahora está radicado en Estados Unidos.
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Las familias de los colombianos en Haití en grave estado de vulnerabilidad
Las familias de los hombres retenidos en Haití también viven actualmente una situación delicada de vulnerabilidad, pues la mayoría de ellos eran sargentos pensionados con un salario mínimo y solo hay un coronel, un capitán y un teniente retirados. “Sus familias están mandándoles como pueden plata para el agua, porque cada semana reúnen para el agua y cada quince días para la comida, pues la situación de la cárcel es terrible”, añade Macollins.
Entonces, las familias de los colombianos están en situación de desespero por cuenta de y si tienen que reunir con esfuerzo para enviarles agua y comida, evidentemente no tienen los recursos económicos para pagar un abogado o abogada privada que pueda sacarlos del espiral judicial de maltrato y abandono en el que se encuentran.
El llamado al Gobierno colombiano
La abogada penalista y representante de 13 de los exmilitares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Gobierno colombiano en cabeza de Gustavo Petro, pidió a las autoridades colombianas que contribuyan en la presión hacia Haití para que garantice un proceso y que atienda a los colombianos en Haití como lo están haciendo con los miembros de la Primera Línea.
“No hay voluntad del Estado de Haití de verificar qué fue lo que pasó, incluso personas del Gobierno están implicadas. Lo mejor que pueden hacer es sacar el proceso de ese país y llevarlo a una instancia sin presiones, objetiva y sin peligro, que cuente con una comisión de verificación internacional”, añadió. Por último, agregó que el Gobierno colombiano debe hacer valer los derechos de sus connacionales en el exterior, de lo contrario nadie lo hará y es lo que está ocurriendo en este momento con los colombianos en Haití.
“Así como está tratando de hacer una concesión con los derechos judiciales que corresponden por ejemplo a la Primera Línea, que también salga internacionalmente a abogar por todo colombiano que esté siendo procesado, porque a los colombianos nos tratan como ciudadanos de quinta en el mundo y tenemos que aprender que así un colombiano esté en un proceso penal hay que respetar su presunción de inocencia y garantizarle su debido proceso”, concluyó.
