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“El decreto con el que Petro pretende darle un golpe de Estado a Colombia”, dice Cabal

La senadora uribista lanzó un duro mensaje contra el presidente por dejar libre a los de la Primera Línea.

La senadora María Fernanda Cabal se reunió en privado con el presidente  Gustavo Petro.
María Fernanda Cabal y Gustavo Petro EFE

La oposición del Gobierno de Gustavo Petro no dudó en criticar este lunes el decreto que crea una comisión para hacer voceros de paz a los jóvenes de la Primera Línea detenidos durante la protesta.

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El ministro de Defensa, Iván Velásquez, explicó que dicha comisión será la encargada de valorar cada caso y trazar los lineamientos para proponerle al presidente los nombres de los privados de libertad que consideran que podrían ejercer esa labor de gestores de paz.

El ministro aseguró que se estudiará “caso por caso” y que “esta decisión no significa, como ya se ha dicho ampliamente, conclusión de procesos ni de investigaciones” de los privados de libertad.

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Reacciones por el decreto

El anuncio hecho por Petro, de nombrar como “gestores de paz” a unos 230 jóvenes detenidos durante las protestas del paro nacional de 2021, para lo cual serán liberados antes de Nochebuena ha traído una larga polémica en Colombia.

Esto, debido a que dicha promesa de Petro luce más como un atropello del Ejecutivo en los procesos judiciales.

Por eso la senadora María Fernanda Cabal fue la primera en criticar este anuncio. “El decreto con el que Petro pretende darle un golpe de Estado a Colombia”, dijo.

¿Quiénes son los detenidos?

Entre esos detenidos hay personas acusadas por delitos muy graves como torturas o terrorismo, por lo que se cuestiona que se interrumpan sus procesos judiciales, pues se considera que la Justicia debe ser quien considere su responsabilidad.

Además, la figura de “gestores de paz” en el pasado en Colombia se ha usado para liberar a miembros de la guerrilla presos, como una forma de acercamiento a las Farc o al Eln.

El director de la ONG DeJusticia, Rodrigo Uprimny, por ejemplo, consideró “problemático constitucionalmente” las modificaciones hechas por el Gobierno de Petro para lograr este fin, pues “otorga al presidente una facultad totalmente abierta para excarcelar detenidos cuando considere que pueden aportar al manejo de la conflictividad social”.

Lo que significa que “hoy lo hace con la Primera Línea, mañana podría hacerlo con cualquiera”, y además viola la separación de poderes.

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