El Gobierno Nacional presentó oficialmente el decreto que permitirá la liberación y nombramiento de ‘voceros de paz’ a los jóvenes de Primera Línea. La nueva norma tiene como propósito crear una Comisión de alto nivel que revisará las casos individuales.
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Este lunes 12 de diciembre se conoció el decreto con el que el Gobierno Nacional creará la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana. Esta tendrá como objetivo “la coordinación y articulación intersectorial para la ejecución de la facultad presidencial establecida en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022”.
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Según el decreto, esta Comisión estaría integrada por el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa, el Director del Departamento Administrativo de Presidencia y quien presidirá este espacio, el Ministro de Justicia y del Derecho.
De igual forma, la Comisión tendrá el objetivo de definir los lineamientos técnicos y las condiciones para la implementación de la ejecución de la facultad presidencial establecida en la Ley de Política de Paz de Estado. Adicionalmente, la Comisión tendrá funciones como recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros en el marco de lo establecido en esta Ley mencionada. Este es el aspecto clave del decreto en donde el Gobierno Nacional aclara que sería la Comisión la encargada de influenciar en el destino de los jóvenes detenidos y judicializados tras participar en las protestas y que sería liberados para ejercer como gestores de paz.
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Este decreto 2422 de 2022 fue expedido el pasado 9 de diciembre y firmado por el presidente Gustavo Petro. Esta Comisión deberá reunirse de manera extraordinaria por lo menos una vez cada tres meses y las decisiones se tomarán con el mecanismo de mayoría simple, la mitad más uno.
Esta propuesta del presidente Gustavo Petro ha levantado llagas en el sistema judicial y el fiscal general Francisco Barbosa ya ha advertido que estas acciones tienen implicaciones legales que no son adecuadas y que estas personas, acusadas de delitos como concierto para delinquir, lesiones personales y terrorismo, podrían ser aptas para ser nombradas voceras de paz, pero no para recuperar su libertad.