La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó a una asociación de defensores de derechos humanos como víctima del conflicto porque demostró hechos victimizantes que afectaron a más de 80 miembros de su colectividad en hechos ocurridos en Colombia entre 1986 y 2016, informó este viernes el alto tribunal.
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La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) fue acreditada como víctima colectiva dentro del Caso 08, conocido como “Crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado, o en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles, por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano”.
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La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP dijo en un comunicado que identificó que los miembros de Credhos fueron víctimas de “asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados, atentados” desde 1987.
La ONG desarrolla su trabajo de defensa y protección de los derechos humanos en la localidad de Barrancabermeja (Santander) y la región del Magdalena Medio.
Al resolver una solicitud presentada en 2021 por la colectividad, la JEP señaló que la “evidencia indica que las conductas criminales impactaron seriamente el número de integrantes que conformaban la colectividad de Credhos, comprometieron seriamente el liderazgo en la organización; afectaron su trabajo de campo, el activismo en el territorio por la defensa de los derechos humanos y el apoyo que brindan a las víctimas del conflicto armado”.
Informe que presentó ONG para demostrar que fue víctima de conflicto
En el informe con el que solicitó ser acreditado como víctima, “Hoy como ayer: Informe sobre victimización a personas defensoras de Derechos Humanos de la Región del Magdalena Medio en el marco del conflicto armado (1987-2016) -Caso Credhos-”, expone los hechos que afectaron a más de 80 miembros de la colectividad entre 1986 y 2016.
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Allí detallan 16 casos de ejecuciones extrajudiciales en contra de directivos, investigadores y colaboradores, ocurridos entre 1989 y 2001, acciones que supuestamente fueron cometidas por “grupos paramilitares con la connivencia de agentes del Estado”.
Asimismo, expone 10 casos de desplazamiento forzado, cuatro atentados y también detenciones arbitrarias.
Además la JEP urgió a la Fiscalía para que investigue los recientes hechos de violencia que han sido cometidos contra Credhos, entre ellos los hostigamientos que se han intensificado en las últimas semanas, violaciones a sus derechos humanos y persecución a sus directivos.
