Un grupo de 11 militares, entre ellos el general retirado Paulino Coronado, reconocieron su responsabilidad y aportaron “verdad completa” en el caso que les sigue la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre “falsos positivos”, por lo que son elegibles para que el alto tribunal les imponga “sanciones propias”.
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La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP presentó a los 11 imputados por los crímenes de guerra y lesa humanidad que fueron cometidos en el departamento de Norte de Santander para que se les imponga una “sanción propia” como parte del Caso 03, que investiga “asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes de Estado, conocidos como ‘falsos positivos’”.
En su primera “Resolución de Conclusiones, en la que determinó que los imputados reconocieron su responsabilidad y aportaron verdad completa, detallada y exhaustiva”, señaló que los 11 militares “son elegibles para la imposición de una sanción propia”
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.Además del general Coronado, fueron “remitidos por la Sala para la imposición de sanciones propias” los coroneles retirados Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez, antiguos comandantes de la Brigada Móvil 15, y el coronel retirado Álvaro Diego Tamayo Hoyos, que fue jefe del Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ de Ocaña.
También aparecen los coroneles retirados Gabriel de Jesús Rincón y Juan Carlos Chaparro Chaparro, así como el capitán retirado Daladier Rivera Jácome; los sargentos segundos retirados Rafael Antonio Urbano Muñoz y Sandro Mauricio Pérez Contreras; el cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar y el tercero civil Alexander Carretero
La sentencia de los militares ante la JEP
Durante el proceso se esclareció “la verdad sobre las dos modalidades del patrón criminal”, así como los aportes de los militares permitieron conocer “la conformación de las organizaciones criminales que se enquistaron al interior de las respectivas unidades militares”, entre otros.
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Al contrastar la información, la Sala de Reconocimiento concluyó que lo dicho por los imputados es coherente “con los rangos y cargos” que tenían y “fueron de utilidad para comprender el rol que cada uno de ellos tuvo” en “la configuración del patrón macrocriminal”.
El caso ahora pasa al Tribunal para la Paz, que “deberá definir la situación jurídica de los comparecientes incluidos en esta Resolución y la sanción propia que corresponda”.
”En los próximos seis meses, la Sección tendrá que hacer una evaluación de la resolución de conclusiones, verificando la correspondencia entre las conductas reconocidas, su calificación jurídica, los responsables y las sanciones, y emitir la sentencia correspondiente, que podrá ser apelada ante la Sección de Apelación de la JEP”, agregó la información.
