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Vigilante asesinó a su supervisor porque lo pilló robando 135 millones de pesos

El supervisor intentó evitar el robo, pero el vigilante el disparó en la cara y se escapó.

Capturado. Imagen de referencia. (Cortesía)

Este viernes, 14 de octubre, se conoció la sentencia del caso de un vigilante que asesinó a su supervisor porque lo pilló en el momento en el que estaba robando 135 millones de pesos de un cajero electrónico. El supervisor intentó evitar que el vigilante escapara con el botín, pero este le disparó en la cara. Los hechos se registraron el 27 de noviembre del 2020 en Bello, Antioquia.

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De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el robo y el asesinato se registró en el municipio de Bello, al norte de Medellín, el pasado 27 de noviembre de 2020 cuando fue baleado Aldair de Jesús Cueto Díaz, de 23 años, quien se desempeñaba como supervisor de una empresa de vigilancia privada.

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“De acuerdo con las indagaciones adelantadas por un fiscal de la Dirección Seccional Medellín, el vigilante sorprendió al ahora procesado cuando sustraía 135 millones de pesos de un cajero electrónico, ubicado en el parque principal de la citada población del norte del Valle de Aburrá. En su intento por impedir que el sentenciado huyera del lugar en una motocicleta, la víctima fue impactada en el rostro por un disparo”, indicó el ente acusador.

El robo de un vigilante a un cajero automático

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) establecieron que el día de los hechos el vigilante, identificado como Jhon Fernando Silva Úsuga, trabajaba para una empresa de transporte de valores, llenó el mismo dispensador de billetes con 350 millones de pesos y en horas de la noche regresó al cajero para hurtarlo.

“Para alcanzar su cometido, el procesado sustrajo una llave especial de la compañía para la cual laboraba, para con dicho elemento abrir el cajero y acceder al dinero en él depositado. Un día después el hombre volvió al su lugar de trabajo y devolvió la llave, sin despertar sospechas”, dijo la Fiscalía.

Un juez de la República avaló el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y la defensa del procesado y lo sentenció a 22 años y 3 meses de prisión como responsable del delito de homicidio agravado.

En el operativo le fue incautada un arma de fuego sin permiso para porte, hecho por el cual se allanó a cargos y fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión.

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