La polémica se enciende en redes sociales y entre los habitantes del municipio de Barbosa, pues de los 13 concejales que tienen, 10 se fueron a una “capacitación” en San Andrés Islas, cuando, según el veedor ciudadano Marcos Cortés, pudieron tenerla en el mismo Concejo.
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Refrigerios, memorias, alojamientos, y transporte son algunos de los gastos que salen justificados en la cotización que habría hecha la empresa OLTED para esta capacitación, que trataba sobre asuntos del reglamento interno del Concejo del municipio de Barbosa.
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Según comentó el veedor ciudadano que denunció esta irregularidad, los concejales se habrían gastado cerca de 45 millones de pesos, además de haber viajado con sus parejas a la isla, en la cual habrían recibido la capacitación, a pesar de haber podido desarrollarla en el mismo municipio o territorios aledaños al mismo. “No podemos aceptar un acto tan irresponsable de los concejales. Hacen un contrato de capacitación teniendo la Esap (Escuela Superior de Administración Pública) a cinco minutos de Barbosa”, fue la denuncia de Cortés.
La empresa que habría ofrecido la capacitación presentó un plan en el que propuso dos tarifas, una que costaba 1′500.000 pesos colombianos por persona y no contenía hospedaje ni tiquetes aéreos. El otro plan costaba 3′200.000 pesos colombianos por persona y finalmente los concejales habrían optado por este último plan más costoso.
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En redes sociales se difundieron varios videos en donde están recibiendo los certificados de la capacitación. Sin embargo, la grabación de los concejales bailando en las calles de la isla desataron indignación y mayor revuelo sobre esta denuncia particular. Aunque no hay una denuncia formal por estos actos, la Contraloría del departamento de Santander ya solicitó que se suministre la información para saber en qué se invirtieron los recursos de esta capacitación.
Por su parte, el concejal del municipio, Edwin Camacho, se pronunció y dijo que no había otra manera de gastar los recursos. “La capacitación sí se llevó a cabo, una capacitación paga por el Concejo. Definitivamente no había forma de gastar el dinero en algo que no fuera capacitación porque la ley decía que era solo para bienestar social”, fue su argumento.
