‘Crímenes cometidos contra Pueblos y Territorios Étnicos’, así se titula la apertura de un nuevo caso por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que investigará los crímenes no amnistiables cometidos contra Pueblos y Territorios Étnicos durante el conflicto armado, por parte de integrantes de las extintas FARC y de la fuerza pública, así como otros agentes del Estado y terceros civiles.
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La magistrada, Belkis Izquierdo, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de los hechos y conductas de la JEP, aseguró que “este caso se abre respondiendo a las demandas de verdad de las víctimas y sus organizaciones”.
Quienes además, dijo, las múltiples violencias a las que fueron sometidas, estuvieron acentuadas por el racismo y la discriminación. “Les han puesto en riesgo de exterminio físico, cultural y espiritual, situación que ha reconocido la Corte Constitucional desde hace casi dos décadas”, señaló.
Cuenta de ello habla el capítulo Resistir no aguantar, del informe final de la Comisión de la Verdad, donde gracias a 3.849 entrevistas con indígenas, pueblo negro, afro, raizal y palenquero, así como rrom, demostró como esta población diferencial sufrió de manera más cruel los horrores de la guerra. “Cuando se trataba de cuerpos con un color distinto, la violencia era más cruel”, dijo el comisionado, Leyner Palacios.
En este documento de más de 700 páginas, el organismo transicional de esclarecimiento de la verdad, tras revisar las cifras del Registro Único de Víctimas (RUV), concluyó que, con corte al 1 de enero de 2022, fueron a ellos a quienes el conflicto armado los afectó en mayor medida. “Los pueblos étnicos no eran vistos como seres humanos”, se lee en el informe.
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A tal punto que los testimonios recogidos a perpetradores confesaban que no sabían “que matar indígenas era delito”. Y que desde el Estado hubo una negligencia, con el hecho de “no considerarlos sujetos que merecen igualdad de protección y de derecho”.
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El territorio sagrado también fue víctima
La Sala de Reconocimiento de Verdad, destacó que de los 435 informes entregados que cuentan con un componente étnico, el fenómeno del desplazamiento forzado tuvo uno de los impactos más fuertes sobre este pueblo,seguido del homicidio y la desaparición forzada. “Muchos de sus integrantes fueron obligados a salir de sus territorios y a vivir en el exilio. Por ello debilitaron su conexión sagrada con su territorio ancestral y colectivo”.
Por consiguiente, indicaron que el ataque intencional y desproporcionado contra la naturaleza, el territorio y el ambiente, serán investigados. “Es claro que la violencia producida por la guerra afectó profundamente las relaciones transgeneracionales, incluyendo la capacidad de los integrantes de las comunidades para preservar y transmitir sus saberes tradicionales y sistemas de conocimiento propio, medicinales, alimentarios, de justicia, de educación, entre otros”, señaló la JEP.
Los 3 patrones de la macrocriminalidad
El Grupo de Análisis de la Información (GRAI), de la JEP, analizó 177 informes donde identificaron preliminarmente tres patrones de macrocriminalidad.
1. Ataques contra su autonomía por parte de las FARC: Los informes presentados a la Sala relatan las formas como las Farc-EP, en algunas regiones del país, implementaron como estrategia de guerra, desestructurar y desarticular a los pueblos étnicos, sus tejidos comunitarios y sus formas organizativas político-administrativas. Además de sus usos y costumbres.
Sus acciones se dirigieron tanto a la afectación de la existencia física de las personas pertenecientes a los pueblos, como de las estructuras culturales en que se basan sus saberes propios.
2. La presencia amenazante de la fuerza pública y paramilitares
Una segunda hipótesis, agrupa los hechos en los que se identifica que algunos miembros de la fuerza pública y/o en alianza con grupos paramilitares, ejercían vigilancia, observación y regulación permanente de la vida social, bajo una lógica de discriminación contrainsurgente en la que se señalaban a miembros de los pueblos étnicos de ser colaboradores de grupos guerrilleros.
Un ejemplo de esto, dicen, fue cuando la fuerza pública les impuso restricciones al acceso de alimentos y medicamentos, a la movilidad a través de la fijación de horarios para actividades sociales y culturales, y del control en el tránsito por el territorio colectivo; así como el despojo de sus territorios para controlarlo, en alianza con terceros o agentes económicos.
Algunos de los informes señalan que integrantes de la fuerza pública se instalaban en sitios sagrados, de fragilidad ecosistémica, centros educativos, de salud y espacios comunitarios donde además se involucraba a víctimas de esta población diferencial en el conflicto armado, en contravía al principio de distinción.
3. El tipo de armas utilizadas para cometer los crímenes
Finalmente, esta hipótesis, estudia los crímenes no amnistiables cometidos por la fuerza pública y las Farc-EP, relacionados con el tipo de armas utilizadas y con la forma en la que se hizo uso de estas. Así como con otros métodos ilícitos utilizados para atacar.
“Aquí se agrupan los crímenes relacionados con tomas a poblaciones con homicidios de civiles pertenecientes a pueblos étnicos, homicidios de combatientes con pertenencia étnica puestos fuera de combate, destrucción de bienes culturales y lugares de culto, así como otros ataques y afectaciones a la población étnica”, indicó la justicia transicional.
