En la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril de 2017, para los 50.000 habitantes de Mocoa, Putumayo, la vida les cambió para siempre. Tres ríos que bordean al municipio (Mulato, Sancoyaco y Mocoa) se desbordaron y arrasaron con todo a su paso, dejando un saldo de 335 muertos, 400 heridos, 70 desaparecidos y 7.600 familias afectadas.
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Cinco años después, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, condenó al estado por esta tragedia. Pues dentro de sus argumentos indicó que este hecho se pudo evitar.
“Las entidades: Unidad Administrativa Especial para Gestión de Riesgos y Desastres- UNGRD; Corpoamazonía, el Departamento del Putumayo y el Municipio, encontrándose obligadas a realizar acciones propensas a prevenir el daño, no ejecutaron las acciones necesarias y pertinentes, tendientes a conjurar la destrucción descomunal presentada en Mocoa por los hechos materia del proceso”.
Como antecedente, mencionan que el IDEAM había reportado el 31 de marzo una precipitación en el territorio de 129 mmm en total. Siendo la más alta en los últimos 30 años. Además el 83 % del día pluviométrico (o precipitación) se presentó en solo 3 horas, entre las 10pm y 1 am. Por todo esto, la entidad había calificado la situación como un evento extraordinario. Por ello, nuevamente señalaron que sí era un evento prevesible.
Inclusive, señalan que la UNGRD, había presentado un informe técnico en el que expuso que el desastre natural se podía prevenir, sin embargo tenía características “de imprevisible a irresistible”. Además de indicar que no sabían en que momento iba a ocurrir, pero sí que la zona era de carácter vulnerable.
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“Se observa una omisión en el deber de vigilancia y cuidado para adoptar las medidas de prevención requeridas en el caso concreto. Ni siquiera se contaba, en el momento de los hechos, con un Sistema de Alertas Tempranas en el municipio”.
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Por todo esto, el Tribunal condenó a la Nación y a las cuatro instituciones mencionadas anteriormente, quienes deberán indemnizar, por cerca de $9.000 millones, a 10 familias y 85 personas damnificadas.
El 10 de junio de este año, la Procuraduría aperturó una investigación disciplinaria contra el viceministro de vivienda, Jose Luis Acero y 21 funcionarios públicos más por presuntas irregularidades en la reconstrucción de viviendas y acueducto: dos necesidades prioritarias para Mocoa.
“Preocupa el constante incumplimiento en el cronograma de obras correspondientes al proyecto de vivienda Sauces II (...) (El Ministerio Público) mencionó una reducción en la meta de viviendas terminadas para el mes de julio, pasando de 909 a 500, razón por la cual se estima que los objetivos propuestos en esta materia no se cumplirán de manera íntegra, especialmente en lo relacionado con los derechos de los habitantes a tener una vivienda digna”, señaló la entidad.
