Distrito responde sobre auditoría en la que muertos recibían clases de inglés y buscaban empleo

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, respondió ante la auditoría realizada por la Contraloría General, la cual determinó que por lo menos 176 personas que ya habían fallecido, incluso hace varios años, aparecieron en el 2021 como beneficiarios del programa ‘Mejoramiento de Empleo Incluyente’, a cargo de esta entidad de la Alcaldía de Bogotá.

La Secretaría indicó que en un primer lugar tomaron los números de identificación extranjeros como colombianos. Además reportaron como fallecidos a beneficiarios con cédulas que en realidad sí están activas. Informaron sobre personas atendidas antes de su fallecimiento o antes de ser retenidas de la libertad. Y por último, dicen, hubo casos duplicados.

En cuatro puntos, la entidad argumenta a detalle que ocurrió sobre este caso:

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1. Aseguran que al momento de cruzar con las bases de datos de la Registraduría Nacional, la Contraloría toma cédulas de extranjería y otros documentos de identificación como si fueran cédulas de ciudadanía colombianas, lo que genera coincidencia con cédulas de personas fallecidas. Esto, explica 54 de los 176 casos reportados.

2. 14 casos del total se encuentran duplicados o no se evidenciaron en el informe final presentado por la Contraloría.

3. Identificaron que otros 15 beneficiarios fueron atendidos antes de su privación de la libertad y 17 antes de su fallecimiento o cancelación de su documento de identidad. Dando respuesta a otros 32 casos.

4. Por último, determinaron que otras 54 personas reportadas por la Contraloría no corresponden ni por nombre ni por tipo de documento a la persona fallecida, según una verificación realizada por la entidad el 4 de julio del 2022 en la página web de la Registraduría y en el Sistema General de Seguridad Social.

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El distrito aclara y reconoce también que hay 22 casos en los que sí hubo irregularidades. “Estos representan el 0,05 % de los más de 45.000 beneficiarios del programa en 2020 y 2021″. Asimismo que partieron “del principio constitucional de buena fe”, pues este programa se lanzó en pandemia y las inscripciones eran virtuales. “Se ha dado traslado inmediato a la Personería y a la Fiscalía General de la Nación para lo de su competencia”, aseguró el contralor auxiliar, Carlos Orlando Acuña.