Este miércoles 6 de junio, después de casi 24 horas, se conoció que el excongresista Luis Alfredo Ramos se entregó a las autoridades para pagar su condena por parapolítica. El martes, según se lee en la legalización de captura, el funcionario público llegó a una estación de Policía de la Ceja, Antioquia, y ahí ha permanecido desde entonces.
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La razón por la que se entregó fue para dar cumplimiento de la orden de captura en su contra, emitida por el juzgado 28 de ejecución de penas a finales de mayo.
Ramos tiene que cumplir una pena de 7 años y 11 meses de prisión “por el delito de concierto para delinquir con la finalidad de promover grupos armados ilegales”.
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Recientemente el expresidente del Senado fue condenado por la Corte Suprema de Justicia luego de ser hallado responsable de aliarse con grupos de las autodefensa para que impulsaran su campañas al Senado de la República entre 2002-2006 y luego para la Gobernación de Antioquia, entre 2008-2011.
En abril esta condena fue ratificada en segunda instancia por la Sala de Casación Penal del alto tribunal. También ratificó que, en desarrollo de ese acuerdo ilegal, el entonces senador se reunió en 2005 con jefes paramilitares en orden a promover sus intereses en el proyecto de Ley de Justicia y Paz que cursaba en el Congreso.
“De este vínculo o nexo entre diversos grupos armados al margen de la ley aglutinados como paramilitares y Luis Alfredo Ramos Botero, obran profusos testimonios, a través de los cuales se logró conocer que en forma directa o indirecta se produjeron apoyos personales o a sus campañas políticas, por ser considerado afín a su causa en el propósito que los hizo incidentes en la realidad y dinámica de nuestras instituciones, con particular ámbito de afectación en el Departamento de Antioquia y su capital”, consigna la sentencia.