Según conoció el medio El Colombiano, la secretaria de Gestión Humana y Servicios a la Ciudadanía de Medellín, Ingrid Vanessa González, quien se desempeña en este cargo desde septiembre de 2021 en la administración del hoy suspendido alcalde Daniel Quintero, se habría aprobado, sin necesidad de un tercero, un curso de ingles de $5.700.000 con la universidad EAFIT y que iniciará el próximo jueves 19 de mayo. Esto, al parecer, como requisito de grado para su maestría.
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Las presuntas inconsistencias salen a luz, pues para este trámite- el cuál se hizo efectivo en menos de un mes- el alcalde de la ciudad es quien debió firmar la aprobación. Y lo anterior iría en contravia al régimen de inhabilidades e incompatibilidades del Código Disciplinario del Municipio.
De acuerdo con un experto consultado por el medio, “la Circular 020 de 2011, citada dentro de la resolución que firmó González, menciona que al solicitar una capacitación especializada, modalidad que se ajustaría a la situación descrita, se debe llenar un formato y que el secretario de despacho al que pertenezca el servidor firme un documento en el que justifique que el conocimiento que se va a adquirir es útil y necesario para las funciones del cargo”.
Además, la persona subsidiada deberá replicar posteriormente lo aprendido presentando evidencia a la Secretaría de Gestión Humana- misma que ella dirige-en un plazo menor a dos meses después de terminar la formación.
Este curso es una modalidad de servicio corporativo dirigido a ejecutivos, en el cual consiste en que los docentes del Centro de Idiomas de Eafit, vayan hasta el sitio de trabajo de sus estudiantes y acuerden horas personalizadas o hasta para máximo diez alumnos.
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De acuerdo con el plan de capacitación y formación del talento humano, este es un beneficio para los servidores públicos adscritos a Medellín, pues con recursos del erario, se les financian el 70% del valor de cursos que hagan a través del programa de aprovechamiento del tiempo libre; entre el 70% y el 80% del semestre si se trata de carreras de pregrado o postgrado en centros debidamente reconocidos, o hasta el 100% si la materia o el tema, mejora una capacidad que se necesite para el desempeño de sus funciones.
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Ante las irregularidades que habrían en este caso, la Secretaría de Evaluación y Control de la Alcaldía, además de la Procuraduría General, son las encargada de realizar la investigación para saber sobre su presunta responsabilidad que puede traer como consecuencia la destitución de su cargo.
La Ley 1952 de 2019 determina que los funcionarios públicos cometen una falta cuando “adoptan una decisión administrativa o concepto técnico o jurídico con el fin de favorecer intereses propios o ajenos, en contravía del bien común o del ordenamiento jurídico, u obligar a otro”.
¿Qué responde la secretaría Ingrid González?
A través de su cuenta de twitter, la funcionaria aseguró que “ha sostenido una política austera y garante de la ejecución de los recursos públicos, que son sagrados (...) seguí el trámite al pie de letra como cualquier otro servidor público de la Alcaldía de Medellín. Realicé la solicitud y adjunté los documentos requeridos, que fueron revisados y validados por parte del equipo de verificación dentro del plazo establecido”.
Y finalizó asegurando que “con tranquilidad no falté al procedimiento anteriormente explicado y cumplí con las indicaciones y requisitos que dicta la norma para acceder al programa al cual tengo derecho por ser servidora pública”.
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