Más de la mitad de bandas de microtráfico desarticuladas utilizaban menores de edad en Colombia

Una nueva investigación de la Unidad de Investigación Periodística del Politécnico Grancolombiano (UIP) reveló que, en los últimos años, más de la mitad de las bandas de microtráfico desarticuladas en Colombia utilizaban menores de edad en su negocio criminal.

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Las nuevas revelaciones que expone la UIP constituyen una investigación publicada en un especial multimedia que expone videos, historias, análisis y datos sobre esta problemática. Los niños, niñas y adolescentes en Colombia han sido instrumentalizados históricamente en el conflicto armado colombiano. El tema se ha posicionado en la agenda pública a través de revuelos políticos, como cuando el senador Roy Barreras reveló que el Ejército bombardeó un campamento de las disidencias de las Farc en el departamento de Guaviare, en donde había presencia de menores de edad.

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Con todo el revuelo que generó este bombardeo, en el cual el Ejército admitió ser consciente de que habían menores de edad, se hizo evidente que el reclutamiento de menores a grupos armados sigue siendo una realidad en el país.

Sin embargo, un fenómeno ha pasado de agache, tanto en la agenda pública como en los medios de comunicación es la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes en las bandas de microtráfico. Una investigación recientemente publicada por la Unidad de Investigación Periodística (UIP) del Politécnico Grancolombiano aportó nuevos datos y

Según datos de la Fiscalía General de la Nación, entre el año 2015 y noviembre de 2021, se desarticularon 441 estructuras dedicadas al microtráfico en todo el país, de ellas 254 instrumentalizan a menores de edad. Los departamentos más afectados son Antioquia, Valle del Cauca, Caldas, Quindío y Santander.

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Cifras entregadas por la Policía Nacional a la UIP revelan que entre los años 2015 y 2021 fueron aprehendidos en el país 29.756 menores por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Para atender a los menores de edad aprehendidos por esta práctica, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) expone que prima el restablecimiento de sus derechos, pero si son mayores de 14 años y menores de 18 años ingresan al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), que busca un proceso penal pedagógico, específico y diferenciado respecto al sistema de adultos, garantizando una justicia restaurativa, de verdad y de reparación del daño por parte del adolescente.

Los últimos dos gobiernos han enfocado su trabajo desde una perspectiva de seguridad e inclusión social en zonas de miedo y microtráfico a nivel nacional. Por su parte, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos ha tomado recomendaciones para adoptar políticas de prevención contra el reclutamiento, utilización y violencia sexual de niños, niñas y adolescentes.

Sin embargo, Juan Manuel Núñez, asesor de la Dirección de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia, aclara que “en todas las políticas hay que incluir una línea que tenga que ver con fortalecer las capacidades en todos los aspectos, porque si yo le digo qué hacer y cómo hacerlo, pero no le doy los medios para que lo haga, grave”. En pocas palabras, los recursos son limitados y la problemática es muy amplia, pero la investigación es clara en concluir que es necesario que el Estado desarrolle políticas integrales para combatir la política de muerte que se sigue expandiendo en calles, plaza, esquinas, cuadras e incluso en redes sociales, y que arrebata la vida digna, la esperanza y los sueños de miles de niños y niñas en el país.

La investigación con cifras, datos, análisis e historias puede ser consultado haciendo CLICK AQUÍ.