Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentó este lunes el escrito de acusación contra un coronel, un teniente y un patrullero de la Policía Nacional por su presunta responsabilidad en varios homicidios cometidos y lesiones personales contra manifestantes durante las jornadas de protestas de 2021 en Cali.
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Uno de los acusados es el patrullero Wilson Orlando Esparragoza Corcho, que según la investigación de ese organismo, fue quien disparó el proyectil con su arma de dotación y le ocasionó la muerte a un joven que participaba en una movilización frente al CAI Villa Sur, en el sector de Puerto Rellena, en la tarde del 28 de abril de 2021.
“Para la Fiscalía, la víctima se encontraba en indefensión y no era una amenaza inminente para las personas. Así que el actuar del funcionario habría sido desproporcionado y violatorio de los principios que deben acompañar a quienes salvaguardan el orden. En ese sentido, la acusación es por el delito de homicidio agravado”, agregó la información.
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El otro acusado es el teniente Néstor Fabio Mancilla Gonzaliaz, que “en su condición de comandante del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) estaba a cargo de un componente de hombres que, supuestamente, disparó contra manifestantes y ciudadanos ajenos a las concentraciones sociales, en dos eventos diferentes”.
Uno de ellos ocurrió el 30 de abril en el barrio El Diamante y en él murieron dos personas y otras dos resultaron heridas, mientras el otro sucedió el 3 de mayo en el barrio Siloé, dejando un saldo de tres víctimas mortales y dos lesionados.
“La investigación da cuenta que el oficial, supuestamente, falló en el deber de dirigir y controlar a los efectivos de su unidad, y no tomó las medidas necesarias para evitar más víctimas. El escrito indica que sería el posible responsable de los delitos de homicidio agravado y lesiones personales”, expresó la Fiscalía.
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El último caso es el del coronel Édgar Vega Gómez, quien era comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali y había sido designado como jefe de servicio para orientar las acciones de sus subalternos. El ente investigador lo acusa de haber “incumplido al compromiso institucional y constitucional de velar por la seguridad de los civiles participantes en las jornadas de protesta, y, presuntamente, no tomó los correctivos necesarios para evitar los excesos que se produjeron”. Por ello se le acusa los delitos de homicidio agravado y lesiones personales.
Es de recordar que la ciudad de Cali fue el epicentro de las protestas del año pasado en Colombia, en las que murieron más de 80 personas, muchas de ellas por la respuesta violenta de la policía.
Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos publicado el pasado diciembre habló de “graves violaciones a los derechos humanos” durante las protestas y apuntó que al menos 28 de las 46 muertes constatadas fueron por acción de esta institución.
Por su parte, Human Rights Watch (HRW) asegura que los uniformados mataron a por lo menos 16 personas con munición letal de armas de fuego y registró 68 muertes durante las protesta de mayo y junio del año pasado.
Recientemente, el ente investigador también imputo a cinco civiles, entre ellos Andrés Escobar y 12 policías por delitos que van desde amenazas agravadas, tortura agravada, prevaricato por omisión, hasta empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos. Sin embargo, la Fiscalía aseguró que el proceso contra Escobar no ha terminado y por ello el proceso continua para que un juez avale o rechace la imputación.
