Una investigación de la reveló un acto de corrupción que se materializó en 2011, con la celebración de un contrato entre la Alcaldía de Albania, La Guajira, y el Hospital San Rafael, por 18.900 millones de pesos. En ese momento se supo que funcionarios usaron el dinero de un programa para evitar la mortalidad infantil en una campaña política.
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Al parecer, el centro asistencial no tenía la capacidad técnica ni operativa para cumplir con las obligaciones contractuales. En ese sentido, subcontrató a 10 profesionales de distintas áreas de la salud para dar la apariencia de desarrollar el proyecto de salud. Sin embargo, estas personas se dedicaron a vincular mediante contratos fachada a 1.459 personas del departamento que realizaron las consultas, tratamientos y valoraciones, al igual que las visitas de campo a las comunidades afectadas por falta de alimento, agua y medicamentos.
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En medio de las investigaciones descubrieron que los beneficiarios de los múltiples contratos debían cumplir tres requisitos: tener inscrita la cédula de ciudadanía para votar en Albania, ser seguidores de la candidata a la gobernación del momento y aceptar un pago menor al establecido en las órdenes de prestación de servicios.
Se comprobó que la mayoría de las personas no cumplió actividad alguna, pero cobraron sus honorarios a través de cheques. Los dineros fueron cambiados por efectivo y, posteriormente, guardados en bolsas de basura y entregados a la campaña de la entonces aspirante a la Gobernación de La Guajira.
Estos hechos fueron aceptados, mediante preacuerdos, por cuatro de los profesionales que sirvieron de intermediarios para desviar los recursos públicos de la salud. Es así como un juez penal del circuito de Riohacha los declaró responsables del delito de peculado por apropiación en favor de tercero. Ahora deberán responder por estos delitos:
- Glenis Josefina Ojeda Rivadeneira, quien firmó seis contratos para el subprograma de lactancia por valor de 1.130 millones de pesos y dispuso de la contratación de 133 personas.
- Emel Antonio Rodríguez Amaya, señalado de contratar 672 personas para el subprograma de salud mental por un valor superior a 1.230 millones de pesos.
- Mayerlis Soto Carrillo, involucrada en la celebración de seis contratos con el Hospital de Albania por 1.269 millones de pesos. A su vez, subcontrató a 244 ciudadanos.
- Yira Patricia Montaño Manjarrez, quien contrató 244 personas y cobró 1.203 millones de pesos.
En el caso de Ojeda Rivadeneira, ella fue condenada a cinco años y 10 meses de prisión. Mientras que los demás recibieron penas de cuatro años de prisión.
