Una denuncia sobre el proceso de contratación para la prestación del servicio de transporte escolar en Medellín llegó a PUBLIMETRO. Un grupo de empresas del sector reveló que los requisitos establecidos en la licitación abierta por el Distrito estarían limitando la participación de competidores y favoreciendo, en la práctica, que una misma estructura empresarial continúe operando un contrato que supera los 50.000 millones de pesos al año.
La denuncia se centra en el proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa No. 9015927_1 de 2026, mediante el cual la Alcaldía busca contratar el transporte de más de 11.000 estudiantes de instituciones educativas oficiales en Medellín y sus cinco corregimientos.
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Empresarios denuncian que proceso de licitación para el transporte escolar de Medellín no es de libre competencia
Los empresarios inconformes sostienen que los pliegos de condiciones contienen exigencias financieras y técnicas que reducen significativamente las posibilidades de participación de otras compañías del sector.
Según explicaron, aunque la ley permite que varias empresas se asocien mediante uniones temporales para complementar experiencia, capacidad financiera y parque automotor, las condiciones fijadas por la administración obligan a que cada integrante de esas uniones cumpla individualmente determinados indicadores financieros, por lo que aseguran, restringe la competencia.
“Lo que están haciendo es impedir que las empresas sumen capacidades, que es precisamente el objetivo de las uniones temporales. En la práctica terminan cerrando la posibilidad de que existan varios competidores”, aseguró uno de los empresarios que participa en el proceso.
La inconformidad llegó incluso a los estrados judiciales. La empresa Rutas Verde y Blanco presentó una acción de tutela en la que solicita la suspensión del proceso contractual y argumenta que las condiciones exigidas no corresponden a la realidad del mercado.
En el documento conocido por PUBLIMETRO, los accionantes sostienen que la Alcaldía afirmó que existen 15 empresas capaces de cumplir los indicadores financieros, pero tras una revisión propia concluyeron que el universo de posibles competidores sería considerablemente menor.
Según la tutela, incluso reuniendo a las empresas que potencialmente podrían participar, persistirían dificultades para cumplir algunos de los requisitos relacionados con el número de vehículos exigidos, los modelos requeridos y la disponibilidad de vehículos eléctricos y especializados para personas con discapacidad.
Uno de los principales cuestionamientos tiene que ver con la modalidad de selección escogida por la administración. El proceso fue estructurado como una subasta inversa, mecanismo que busca que varios oferentes compitan reduciendo progresivamente sus precios hasta alcanzar la propuesta más favorable para la entidad.
Sin embargo, los denunciantes aseguran que los requisitos habilitantes impiden que existan varios competidores en la fase final del proceso.
“El problema no es quién gana la subasta. El problema es que nunca se llega a una competencia real porque termina habilitándose un solo proponente”, afirmó uno de los representantes del sector.
Según los empresarios, cuando únicamente existe un oferente habilitado desaparece la puja de precios que justifica la subasta inversa, lo que impediría que el Distrito obtenga eventuales reducciones en el valor del contrato.
Una misma estructura empresarial se quedaría año a año con el contrato
Los empresarios también señalan que durante los últimos años la operación del transporte escolar de Medellín ha estado en manos de una misma estructura empresarial.
Documentos aportados por los denunciantes muestran que en procesos realizados entre 2019 y 2025 aparecen de manera recurrente la Cooperativa de Transportes Especiales (Cootraespeciales) y la empresa Precoltur integrando distintas uniones temporales que participaron en la contratación del servicio.
Para los denunciantes, esta permanencia coincide con las barreras que, según ellos, han dificultado el ingreso de nuevos competidores al mercado.
A los empresarios la Alcaldía les argumentó que se trata de una operación de alta complejidad que requiere la disponibilidad simultánea de 272 vehículos para movilizar diariamente a cerca de 11.000 estudiantes, además de responder a contingencias operativas, condiciones de seguridad y necesidades especiales de movilidad.
La entidad también sostuvo que los indicadores financieros fueron definidos con base en estudios de mercado y que existen al menos 15 potenciales oferentes que cumplirían las exigencias establecidas.
Consultada por PUBLIMETRO sobre los cuestionamientos planteados por los empresarios, la Secretaría de Educación indicó que el proceso contractual se encuentra actualmente en curso y sin adjudicación.
“Por tratarse de un proceso vigente, la Secretaría de Educación no emitirá pronunciamientos sobre señalamientos o interpretaciones relacionados con el mismo hasta que finalicen las etapas correspondientes”, señaló la dependencia.
PUBLIMETRO solicitó a la Secretaría de Suministro de la Alcaldía de Medellín el reporte de los procesos de adjudicación y las veces que entre el 2016 y el 2025 se llegó a la subasta, pero al momento de esta publicación no ha habido respuesta.
La posición del operador habitual
Por su parte, representantes de la empresa que ha integrado las uniones temporales encargadas de la prestación del servicio durante los últimos años rechazaron cualquier insinuación sobre una eventual participación en la elaboración de los pliegos de condiciones.
La compañía le aseguró a PUBLIMETRO que simplemente revisa los requisitos establecidos por la administración y decide participar cuando considera que cumple las condiciones exigidas.
“Nosotros revisamos si cumplimos o no cumplimos. El contratante es el que determina si cumplimos al momento de adjudicar”, manifestó uno de sus voceros.
Por ahora, los empresarios están a la espera una decisión de la justicia frente a las acciones presentadas, mientras la discusión gira alrededor de una pregunta central: si los requisitos definidos por el Distrito garantizan realmente la pluralidad de oferentes o si, como sostienen los denunciantes, terminan limitando la competencia en uno de los contratos más importantes del sector educativo de Medellín.