Tras la polémica generada por la parranda vallenata en la cárcel La Paz de Itagüí, varios de los cabecillas vinculados al proceso de paz urbana con el Gobierno nacional emitieron un comunicado en el que reconocen su responsabilidad y piden la reactivación de los diálogos con el Estado.
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El pronunciamiento se da luego de un nuevo operativo del INPEC, en el que fueron hallados 62 neveras, 11 estufas, 26 ollas eléctricas, licuadoras, sanducheras, licor y sustancias ilícitas, lo que ha reavivado las críticas sobre los privilegios dentro del centro penitenciario.
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En su declaración, los reclusos señalaron: “asumimos la responsabilidad política como voceros de paz y personas privadas de la libertad en proceso de resocialización”, y añadieron que entienden “el grave daño que dicho evento genera a la confianza y credibilidad que la sociedad y el Gobierno nacional ha depositado”.
Asimismo, los cabecillas hicieron un llamado directo al presidente Gustavo Petro para que se retomen los diálogos de paz urbana, asegurando que están comprometidos a que hechos como la polémica fiesta en la que habría participado el cantante Nelson Velásquez no vuelvan a repetirse.
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El escándalo ha generado una fuerte reacción política. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuestionó duramente el manejo del proceso en su cuenta de X, afirmando que “todo comenzó con el Pacto de la Picota para ganar la Presidencia… luego la Paz Total… y ahora esto”, en referencia a lo que considera un deterioro del control estatal sobre los internos en procesos de negociación.
En medio del debate, los reclusos también solicitaron respeto por sus familias, luego de señalamientos sobre el ingreso de trabajadoras sexuales durante la celebración. En su comunicado expresaron que esas afirmaciones responden a “el morbo político y estrategias electorales”, y rechazaron que se construyan versiones que, según ellos, afectan la dignidad de sus allegados.
El caso ha intensificado la discusión sobre el modelo de paz total y el papel de los voceros en prisión, especialmente tras revelaciones de privilegios, fiestas, lujos y presuntas irregularidades dentro del penal de Itagüí.
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Mientras el Gobierno evalúa los próximos pasos del proceso, el país sigue dividido entre quienes piden mantener los diálogos y quienes consideran que los recientes hechos evidencian una pérdida de control en las cárceles donde se adelantan negociaciones con estructuras criminales.