En la tarde de este martes, 27 de enero, durante la diligencia de imputación de cargos por un presunto entramado de corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), una de las entidades más importantes que preside el alcalde de Medellín cuando está en el cargo, la Fiscalía confirmó que Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, fue el que estuvo detrás de las decisiones que se tomaron en la entidad.
El fiscal del caso, aseguró que Quintero además de influir en la gestión del AMVA, también daba órdenes al entonces director, Juan David Palacio Cardona.
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Juan David Palacio podría ir a la cárcel por solicitud de la Fiscalía
La imputación involucra al exdirector del AMVA, a las exsubdirectoras ambientales Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla, así como a Juan Alberto Cardona Henao, tesorero y contador del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
La argumentación de la Fiscalía esta basada en que los implicados habrían incurrido en presunta celebración indebida de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento privado en la firma y ejecución de seis contratos por cerca de 18.000 millones de pesos, de los cuales, presuntamente, se habrían apropiado ilegalmente 2481 millones de pesos.
De acuerdo con el ente acusador, todas las irregularidades comenzaron el nombramiento de fichas clave en dependencias estratégicas del AMVA para facilitar la contratación directa y direccionar los contratos.
Luego se presentó la falsificación de al menos 15 cuentas de cobro y recibos, presuntamente elaborados por Cardona, así como el aval a gastos sin los debidos soportes o dieron por cumplidos objetos contractuales que, según la Fiscalía, no se ejecutaron realmente.
El fiscal 40 de la Unidad Anticorrupción afirmó que fue Miguel Quintero quien instruyó a Palacio para contratar a Roldán y Montoya con el fin de controlar y direccionar la contratación.
“El rol esencial del señor Palacio Cardona se evidencia en el cumplimiento de dichas órdenes al proceder con los nombramientos de personas que le permitieran direccionar la contratación en favor de intereses de particulares”, dijo el funcionario judicial.
Según el ente acusador, su versión está respaldada por conversaciones de WhatsApp sostenidas con Miguel Quintero, el exsubdirector financiero del AMVA Álvaro Villada y el exgerente de Metroparques Jorge Enrique Liévano.
Entre los mensajes citados figura una conversación del 20 de febrero de 2020 sobre la contratación de una persona y otra del 4 de abril del mismo año, en la que Miguel Quintero señala que acababa de reunirse con “JP”, a quien identifica como Juan Palacio, su jefe.
El fiscal señaló que el peculado atribuido a Palacio ascendería a 2.481 millones de pesos correspondientes a los seis contratos cuestionados. En el caso de Ana María Roldán Ortiz, indicó que habría incurrido en celebración indebida de contratos y peculado por 726,3 millones de pesos, derivados de dos contratos suscritos mientras se desempeñó como subdirectora ambiental del AMVA entre julio de 2020 y julio de 2021.
Al finalizar la audiencia, el fiscal anticorrupción pidió la detención intramural; es decir, que Palacio sea enviado a la cárcel mientras que avanza el proceso, porque además de los presuntos delitos habría hechos que lo convierten en una amenaza contra la sociedad y la investigación.