La defensa de Santiago Uribe Vélez dio un nuevo paso jurídico en el proceso que enfrenta el hermano del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Su abogado, el penalista Jaime Granados, radicó formalmente ante la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Antioquia la impugnación contra la condena de 28 años de prisión impuesta a su defendido por los delitos de homicidio y concierto para delinquir.
La solicitud de revisión, presentada en las últimas horas, busca que el Tribunal revise integralmente la sentencia emitida en primera instancia, la cual responsabiliza a Santiago Uribe Vélez por su presunta participación en hechos relacionados con estructuras paramilitares que operaron en Antioquia en la década de 1990. Según la condena, el procesado habría tenido un rol determinante en actividades ilegales atribuidas al desaparecido grupo conocido como “Los Doce Apóstoles”.
Caso Santiago Uribe Vélez: presentan impugnación para revisar la sentencia por vínculos con “Los Doce Apóstoles”
El abogado Jaime Granados, reconocido por asumir la defensa de figuras políticas y empresariales de alto perfil, argumentó en el documento radicado que existen inconsistencias en la valoración probatoria realizada por el juez de primera instancia. En su criterio, la decisión judicial carece de solidez jurídica y desconoce elementos que —sostiene— demostrarían la inocencia de Uribe Vélez. Por ello, la defensa solicitó al Tribunal que revoque la sentencia y absuelva al acusado de los cargos.
La impugnación se fundamenta en los mecanismos previstos en el ordenamiento penal colombiano, que permiten una nueva evaluación del fallo cuando la parte condenada considera que se han vulnerado principios esenciales como el debido proceso, la presunción de inocencia o la correcta valoración de las pruebas. En este caso, la defensa insiste en que la sentencia “presenta errores graves que deben ser corregidos en segunda instancia”.
El proceso contra Santiago Uribe Vélez ha sido uno de los más mediáticos de los últimos años, no solo por la gravedad de los delitos imputados, sino por la relevancia política y familiar del acusado. Desde que comenzó la investigación, la defensa ha sostenido que se trata de un proceso marcado por inconsistencias y falsos testimonios, mientras que la Fiscalía y la parte civil han defendido la solidez del expediente.
Ahora, el Tribunal Superior deberá estudiar la impugnación, un trámite que podría extenderse varios meses debido a la complejidad del caso y al volumen del expediente. Mientras tanto, el país permanece atento a la decisión, que definirá el futuro jurídico de una de las figuras más mencionadas en los debates sobre memoria, justicia y responsabilidad penal en el marco del conflicto armado colombiano.