La Fiscalía General de la Nación reveló este sábado, 7 de junio, el resultado de una investigación que permitió identificar y afectar con medidas cautelares el multimillonario patrimonio que pertenece una red delictiva que se dedicaba de gestionar visas a Estados Unidos utilizando información falsa.
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La estructura, operaba en varias ciudades del país, ofrecía asesorías migratorias y, según los hallazgos de los fiscales, cobraba diferentes sumas de dinero por crear perfiles falsos para personas interesadas en obtener visas.
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Red dedicaba a tramitar visas cobraba millonarias sumas de dinero por crear perfiles falsos
Con los documentos falsos presentaban a los solicitantes como candidatos solventes y calificados, induciendo en error a los cónsules de la Embajada de Estados Unidos.
El ente acusador indicó que luego de un minucioso análisis financiero y patrimonial, se identificaron 19 bienes, entre ellos seis inmuebles, cinco vehículos de gama alta, cuatro motocicletas, dos establecimientos de comercio y dos sociedades, que habrían sido adquiridos con dineros producto de la actividad ilícita o empleados directamente para facilitar su operación.
Los bienes fueron avaluados en más de 2.500 millones de pesos y están ubicados en las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Santa Marta.
Según lo confirmó la Fiscalía, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción de Dominio ordenó la suspensión del poder dispositivo sobre estos activos, una medida cautelar jurídica excepcional que impide su venta, cesión o traspaso mientras se resuelve su situación legal.
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“De acuerdo con los elementos materiales probatorios, los propietarios de los bienes cobraban diferentes sumas de dinero por crear perfiles falsos y consignar información personal, laboral y crediticia ficticia de los solicitantes de las visas. De esta manera, inducían en error a los funcionarios consulares de la Embajada de Estados Unidos en Colombia que, en algunos casos, autorizaban la expedición de los documento”, indicó la Fiscalía.
Es importante recordar que estas conductas pueden tener implicaciones penales no solo para los gestores del fraude, sino también para quienes accedieron a estos servicios y presentaron documentación alterada en el proceso de solicitud de visa.