Una investigación de la Revista Raya firmada por la periodista Tatiana Portela destapó nuevas aristas en el escándalo por presunto acoso sexual en Caracol Televisión, revelando no solo denuncias formales contra reconocidos presentadores, sino también la existencia de medidas informales que, según testimonios, habrían sido dadas a las víctimas para evitar situaciones con uno de los implicados, Ricardo Orrego.
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El caso salió a la luz el pasado 13 de marzo, cuando tres periodistas y una practicante acudieron a la Dirección de Gestión Humana para denunciar que durante meses habrían sido víctimas de conductas inapropiadas por parte de Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego, dos de las figuras más visibles del noticiero. Once días después, el canal anunció la desvinculación laboral de ambos presentadores, en medio de una creciente presión pública.
Acoso en Caracol: informe del MinTrabajo revela advertencias previas y falta de protocolos
Sin embargo, un acta de inspección del Ministerio del Trabajo reveló que las denuncias no eran recientes. Por el contrario, existirían antecedentes de acoso sexual desde al menos 2021, así como llamados de atención previos que no derivaron en sanciones contundentes.
Uno de los testimonios más impactantes señala que, ante la falta de medidas formales, algunas directivas habrían optado por advertencias verbales para que las trabajadoras evitaran cualquier contacto con Orrego. “Teníamos prohibido saludarlo. Si nos lo encontrábamos en el ascensor, la orden no formal era que debíamos bajarnos de inmediato; bajo ninguna circunstancia se sostenían reuniones privadas con él”, relató una fuente.
Estas instrucciones, lejos de resolver la situación, evidenciarían un ambiente laboral marcado por el temor, la normalización del acoso y la falta de protocolos claros. Según el documento, incluso en 2023 se registró un llamado de atención contra Orrego por “abrazos forzados, besos obligados y tocamientos no consentidos”, sin que se iniciara un proceso disciplinario formal.
En 2025, un nuevo reporte alertó sobre comportamientos “absolutamente inaceptables hacia mujeres del noticiero”, que habrían generado un entorno “inseguro, tenso y hostil”. A pesar de ello, las acciones del canal se limitaron a gestiones internas, sin escalar el caso a instancias judiciales.
El detonante de la crisis habría sido el caso de una practicante que ingresó en diciembre de 2025, quien, según testimonios, fue víctima de hostigamiento constante por parte de Vargas, incluso fuera del horario laboral. “La llamaba a las 2:00 a. m. y le enviaba mensajes constantemente”, indicaron fuentes cercanas.
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La joven, afectada por un cuadro severo de ansiedad, decidió denunciar ante la empresa y la Fiscalía General de la Nación, lanzando además un ultimátum: si no se tomaban medidas, haría públicas las pruebas. Según una fuente, “fue esa advertencia lo que obligó al canal a actuar”.
Durante la inspección, se recopilaron al menos 15 quejas adicionales, muchas de ellas no tramitadas por temor a represalias o desconfianza en los mecanismos internos. El informe también señala la ausencia de protocolos específicos para casos de acoso sexual, especialmente para personal tercerizado.
Para la abogada experta en género, Liria Manrique, el manejo del caso refleja una falla estructural. “Caracol operó bajo un vacío al no contar con rutas claras. Desvió denuncias graves a instancias internas sin competencia legal, ignorando su deber de llevar estos hechos a la Fiscalía”, afirmó.
El escándalo también involucra a otras figuras del medio que han hecho públicas sus experiencias, lo que sugiere la posible existencia de patrones reiterados de conducta dentro de la organización.
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Mientras avanza la investigación, el caso ha abierto un debate nacional sobre la responsabilidad de las empresas frente al acoso laboral y sexual, y la necesidad urgente de garantizar entornos seguros para las víctimas.