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Concejales y congresistas del Pacto Histórico instauraron una acción popular para frenar el escenario Vive Claro

La concejal Quena Ribadeneira fue la encargada de instaurar la acción popular que fue inadmitida.

Concejal de Bogotá pide detener las obras del Vive Claro por impacto ambiental negativo para la ciudad
Concejal de Bogotá pide detener las obras del Vive Claro por impacto ambiental negativo para la ciudad (Redes Sociales @Miguel_G_1_1)

Bogotá se ha convertido en el lugar infaltable para las giras de conciertos, razón por la que la industria del entretenimiento ha tenido un notable crecimiento y ha demostrado que el país ahora es un peso pesado en la región, recibiendo conciertos de talla mundial que antes eran imposibles para el país.

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Por esto mismo, surge la necesidad de que hayan escenarios con la capacidad de más de 35.000 personas, teniendo solamente el estadio Nemesio Camacho El Campín y el parqueadero del parque de diversiones Salitre Mágico. Así Ocesa,en alianza con más empresas, construyeran el ‘Vive Claro’, un escenario para más de 40.000 personas que está ubicado al lado del Parque Metropolitano Simón Bolívar.

A pesar de que ya se están dando los primeros eventos en el lugar, su construcción, ha desatado una polémica por el terreno en donde se adelanta la obra en tiempo récord. De hecho para este mes se dará el primer gran concierto y se tienen vendidos al menos 4 más. La disputa se ha generado por una presunta afectación ambiental en la zona y por la presunta falta de documentos necesarios para una construcción de tal envergadura.


Concejal del Pacto Histórico presentó acción popular en contra del Vive Claro

El primero en mostrar la intención de que no se llevara a cabo el proyecto fue el concejal José Cuesta, ahora se le sumó Queba Ribadeneira, quien presentó una acción popular para frenar la construcción del venue.

No obstante, la acción popular fue inadmitida debido a que “no se precisa cuál es el daño que se está ocasionando a la comunidad y que se pretende evitar”. Es decir que las pruebas presentadas por la concejal no fueron acreditas para determinar algun peligro o perjuicio inminente en contra de algún derecho e interés colectivo. Así le exigieron a la concejal desde la jurisdicción ordinaria civil que evitara un desgaste innecesario de la administración de justicia.

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