En varias columnas de opinión en este mismo medio, he venido denunciando el regreso del paramilitarismo en Montes de María, el actuar y la presencia del grupo armado posdesmovilización, Autodefensas Gaitanistas de Colombia. En las fechas en las se hicieron las denuncias en pasadas publicaciones, el entonces Ministro de Defensa Guillermo Botero, salió en defensiva de la información y señaló que era falso y que los Montes de María “son un lugar que continúa estando en paz… Que, si bien ha habido rumores de prensa sobre regreso de paramilitares y demás, eso se pudo corroborar que no es cierto”.
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Pero la realidad es otra. Uno de los casos mas recientes se presentó en la Vereda de Caño Negro, en Carmen de Bolívar, Bolívar, donde en el pasado 9 de agosto se presentó el homicidio de Manuel Benicio Sotelo Tuberquia en la finca en que se encontraba trabajando. El 11 de agosto en la misma zona, fue asesinado a bala Eduardo Enrique Medina por parte de grupos armados no identificados, lo que provocó un desplazamiento masivo de sus habitantes.
Uno de los funcionarios públicos que visitó Caño Negro señala que: “El miedo no puede ser el que motive nuestras acciones”, el hombre levanta la voz luego de los diferentes homicidios que se han presentado en los últimos días en esa zona y que ha dejado 37 familias desplazadas, de las cuales regresaron hace pocos días con el miedo de ser asesinadas. “En la zona hay personal y grupo armado… tenían proveedores así al estilo mexicano… Por favor autoridades, no nos vuelvan a enviar a esa zona, por que esta expuesta nuestra vida”, hace la alerta ante la presencia de grupos armados.
En la más reciente alerta de la Defensoría del Pueblo, señala que las veredas de Camaroncito, Floralito, Hondible, Ojito Seco, Camarón, Lajas, Las Lajitas, Mamón De María, Santa Cruz De Mula, Guamanga, Colina De Venado, San Alejo, Soriano, Arroyo De Venado, Orejero, Balustre, La cañada, La Pita, Tierra Santa, El Cielo, La Tejada, Ojito De Venado, Berruguita, Cacique, Cauca, Floral, Jojancito, Limón, Los Deseos, Mesita, Callego, Caño Salado, La Unión, El Guamo, Floralito, Miranda, Plan Parejo, Saltones De Meza, Totumito, Arroyo Arena, El Varguero, La Sierra De San Isidro, Ojo De Agua, San Pedro, Santa Elena, Caracolicito, Guamito, Las Lajas, Masinga, Turquía, Costa Rica, Tierra De Oro, Buena Vista, La Victoria, Tierra Grata, Posa Oscura, Los Angeles, Coloncito, El Bleo, El Arroyo, Kilometro 1, Loma Del Viento, Las Vacas, Mala Noche, Miramar, Techo Azul, Bonito, Carabajal, Pintamonal, Tolemaida, San Antonio, Mandatu, Miraflores, San Rafael, Balasamo, Danuvio, Espirirano, Villa Amalia, Santa Clara, Cascajo, Borrachera, están en un alto riesgo de ataques de grupos armados al margen de la ley.
Dice la entidad que el escenario de riesgo para la población de El Carmen de Bolívar se configura a partir de tres factores de riesgo:
- Presencia del grupo armado posdesmovilización, Autodefensas Gaitanistas de Colombia (en adelante AGC o Clan del Golfo, según ha sido denominado por el Gobierno Nacional)
- Posible presencia de disidencias de la FARC -EP en el municipio.
- Conflictos por la tierra y la violencia contra población campesina en procesos de retorno y reclamación de tierras.
Sobre el primer punto, la Defensoría advierte que las AGC han fortalecido su estructura y, han expandido su dominio desde la zona rural a la zona urbana, instalándose en corregimientos estratégicos y en el casco urbano del municipio, a través de la presencia de una estructura armada numerosa y compleja, que les ha permitido mayor control de los corredores de movilidad en la zona rural y urbana, así como un alto grado de control territorial.
Enfatiza la alerta temprana (como en pasadas columnas lo denuncié) que se recogieron testimonios en los que se señala que los jóvenes desempleados del municipio tienen dentro de sus posibilidades de empleo la vinculación al grupo armado, y que los ofrecimientos pasan por la consolidación de un periodo de prueba en el que se pagan aproximadamente entre $700.000 y $800.000, y un pago superior una vez superado el periodo de prueba.
El 4 de diciembre de 2019, fueron capturados 19 miembros de las AGC, entre los que se encontraban cuatro presuntos cabecillas y un miembro que fue presentado como jefe político.
Pero me llama mucho la atención este dato que arroja la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo: “El 15 de julio de 2019 fue capturado Miguel Ángel Palacio Lemus, ex sargento de la Policía, destituido e inhabilitado y quien fue procesado con el testimonio de miembros de las Autodefensa Gaitanistas de Colombia de haber colaborado con las Autodefensas Unidas de Colombia. El 22 de agosto de 2019, fue capturado en El Floral, Nilson Alejandro Santos, quien tiene antecedentes judiciales por pertenecer a la banda criminal Los Paisas”, en pocas palabras, ex miembros de la fuerza pública estarían involucrados con grupos armados al margen de la ley.
También hace un llamado sobre los líderes sociales en la región: “En el caso de los líderes sociales, además de las amenazas colectivas proferidas a través de panfletos, estos han sido objeto de amenazas de tipo individual a través de mensajes de texto, llamadas y el uso de redes sociales como Facebook y Whatsapp. Es recurrente que se efectúen a través de personas desconocidas que advierten de las posibles agresiones de las que pueden ser objeto. No siempre estos desconocidos manifiestan verbalmente las amenazas, se ha hecho frecuente el seguimiento y la intimidación de hombres motorizados a líderes, lideresas y miembros de las organizaciones sociales del municipio, que sin decir ninguna palabra vigilan la actividad cotidiana de sus víctimas y siguen de cerca sus desplazamientos”
La alerta temprana hace una grave denuncia sobre las amenazas a los líderes sociales y defensores de DDDHH y advierte que “la mayoría de los casos, los agresores se movilizan en motos, algunas sin placas, sin que se hayan evidenciado acciones de las autoridades locales para controlar este tipo de irregularidades”.
En dialogo con Rodrigo Ramírez, defensor de Derechos Humanos de la Región y quien conoce muy bien la situación de la zona, le pregunté sobre la alerta temprana que lanza la Defensoría del Pueblo y me señala: “Antes de que estos hechos se dieran la misma Defensoría había hecho las advertencias y las viene haciendo sobre la situación en el territorio, pese a denuncias de líderes y lideresas defensores de Derechos Humanos y los mismo informes de riesgo, las instituciones y el Estado han hecho caso omiso para tomar medidas de protección y prevención para evitar que estos hechos se materialicen, lo que en la actualidad ya se han materializado y consumado… La situación se ha agudizado”.
En resumen, pese a todas las alertas que han realizado para salvaguardar la vida de los habitantes por parte de la Defensoría del Pueblo y organizaciones defensoras de Derechos Humanos, las autoridades y el silencio del Estado termina siendo cómplice del regreso de los grupos armados, el asesinato de líderes sociales y defensores de DDHD y generando el desplazamiento de las comunidades de los territorios para proteger sus vidas.
Twitter @AndresCamiloHR