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Informe sobre protestas en el paro nacional asegura que la Policía le dio un tratamiento de guerra

Mencionaron tres responsables de estos hechos.

La misión internacional de SOS Colombia, integrada por 41 delegados de 12 países que visitaron Colombia en julio pasado, revelaron un informe. Este concluyó que la Policía le dio un tratamiento de guerra al paro nacional.

Según la investigación, las autoridades le dieron a las protestas de mayo y junio el mismo tratamiento que usa para combatir a grupos armados.

Este informe ha generado cierta polémica en el país por los datos que arrojó.

Policía le dio un tratamiento de guerra al paro nacional

«El tratamiento dado por la Policía Nacional y las Fuerzas Militares hacia la protesta social fue similar a la estrategia militar que utiliza el Estado para combatir a actores armados», aseguró el vocero de la misión y responsable de las Américas del sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) de España, Félix Ovejero.

El sindicalista aseguró que durante las protestas, que se extendieron por más de dos meses, «se usaron técnicas de combate con el objetivo de someter y aniquilar a la población civil bajo la figura del enemigo interno».

La Misión de SOS Colombia que visitó 11 regiones del país entre el 3 y el 12 de julio, se reunió y recibió información de más de 70 organizaciones sociales.

También documentó aproximadamente 180 denuncias directas de agresiones físicas, persecución, hostigamiento y violación de los derechos humanos.

En las últimas protestas en Colombia, organizaciones sociales como Indepaz y la ONG Temblores documentaron 4.687 casos de violencia policial. Además, 84 personas muertas, de las cuales 28 son atribuibles a la fuerza pública y 90 víctimas de lesiones oculares.

Organismo como Amnistía Internacional también denunció que las violaciones de derechos humanos que cometió la Policía no son hechos aislados.

Los responsables de estos hechos

La misión señaló a tres grupos responsables de la violencia: la fuerza pública (Policía y ESMAD), los grupos paramilitares y personas civiles armadas.

«Dentro de estas hipótesis existe un claro señalamiento en contra de funcionarios públicos, entidades públicas y, por ende, del Estado. Lo que permite identificar un fenómeno de criminalidad y violencia estatal», señala el informe.

Además, se documenta que en las protestas se produjeron homicidios selectivos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, violencias basadas en género, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y judicializaciones arbitrarias, entre otras violaciones de derechos humanos.

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