Corte Suprema de Justicia condena a Luis Alfredo Ramos por parapolítica. La Corte determinó que el exsenador y exgobernador de Antioquia si concertó con las AUC.
Indicaron que financiaron sus campañas políticas y le garantizaron votos, a cambio de pasar desapercibidos de las autoridades.
La condena
Además de la condena, Ramos quedó inhabilitado para poder ejercer cualquier cargo público.
Después de 10 años de trámites judiciales, la Corte Suprema de Justicia condenó al exsenador y exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero. La razón es por haberse aliado con grupos paramilitares entre 2001 y 2007.
Según conoció El Espectador, la condena indica que debe pagar casi ocho años de prisión (95 meses). Además, que Ramos ya fue notificado. En el documento, conocido por el diario, la Sala Especial de Primera Instancia, con ponencia del magistrado Ariel Augusto Torres, detalló los pormenores de las acciones ilegales. En estas señala las relaciones del excongresista con los hermanos Castaño y la financiación que las Autodefensas Unidas de Colombia ejecutaron en sus campañas políticas.
Para la Corte Suprema, luego de estudiar un expediente que arrancó en febrero de 2011, es incontrovertible que el exgobernador de Antioquia accedió a aliarse con varios comandantes de las AUC.
Se asoció con los paramilitares
La Corte dice que el exsenador se asoció “con organizaciones paramilitares por varios años” y colocó la función pública al servicio de esos grupos ilegales.
Dichas acciones coincidieron “con el creciente estado de violencia que se presentó en el departamento de Antioquia y en general de tipo estructural que continúa sumido el conglomerado local, regional y nacional, menoscabando el interés que el Estado busca salvaguardar”.
La Sala Especial de Primera Instancia indicó que Ramos recibió dinero y apoyo político de las autodefensas. Lo hizo, en particular, del Bloque Metro y el Bloque Centauros, así como de los hermanos Carlos y Vicente Castaño, quienes, según el exjefe paramilitar Ernesto Báez, eran amigos del exsenador.
Según la Corte, Ramos recibió todo, no solo por la conveniencia económica para sus campañas, sino porque también podían asegurarle votos.
Así que, a cambio, el exfuncionario se puso a disposición de dichos grupos ilegales para asegurarles que iba a “interceder” por ellos para que pudieran pasar desapercibidos de la fuerza pública y que el exsenador supiera de sus intereses en la negociación de la ley de Justicia y Paz, para que así pudiera beneficiarlos.
Lea todo el informe aquí.
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