Joven denuncia que en Bogotá le están impidiendo donar sangre por ser homosexual. Daniel Castellanos Orozco dio a conocer la situación en sus redes sociales.
PUBLICIDAD
«Es la tercera vez que intento donar sangre y no me dejan por ser gay, @SectorSalud esto es discriminación, lleve mi prueba de VIH negativa»: señala en un primer mensaje.
Según expone, «el único sustento es que por ser gay hay mayor riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual».
¿Acaso ETS son exclusivas de la población LGBTIQ+? , cuestiona.
Además de hacer un fuerte llamado a la Secretaría de Salud, Daniel también se despacha contra el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud: «@IDCBIS sus políticas de donación de sangre son retrógradas, irrespetuosas y discriminatorias (…) deberían poner que a los gays no nos permiten donar, y al menos reconocer su homofobia de forma pública».
Joven denuncia que en Bogotá le están impidiendo donar sangre por ser homosexual
Luego de hacerse pública la denuncia, la Secretaría emitió un comunicado en el que «hace un llamado vehemente a los diferentes bancos de sangre para que no admitan prácticas discriminatorias o estigmatizantes».
De ese modo, la entidad solicitará cuanto antes al Ministerio de Salud y Protección Social la revisión de la normatividad existente para adecuar los criterios que aplazan la donación de sangre de una persona.
PUBLICIDAD
Igualmente, mencionó en materia de donación de sangre y hemocomponentes, sigue los lineamientos de las autoridades reguladoras y sanitarias que son el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud y, en especial lo dispuesto en la Resolución 3212 de 2018, que fue proferida en virtud de la sentencia por la acción de tutela T-248/12.
Dicha resolución establece que: “El derecho a la igualdad y no discriminación es uno de los principios rectores dentro del Estado Social de Derecho, y una de las garantías de protección de los grupos tradicionalmente discriminados y marginados en la sociedad. En virtud de este principio, a las autoridades estatales se les impone el deber de abstenerse de incentivar o de realizar tratos discriminatorios […]”.
