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Dos patrulleros y un Mayor de la Policía habrían incurrido en el robo de 753 millones de pesos a un comerciante de San Andresito, en Bogotá, el 19 de enero de este año. A la cárcel policías imputados por hurto y secuestro.
Los imputados son los patrulleros Fabián Mauricio Castillo y Erwin Stid Quintero y el mayor Andrés Alberto Salazar, quien es comandante del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá. Los delitos implicados son secuestro simple y hurto calificado agravado a título de dolo.
La Fiscalía General de la Nación habría presentado elementos materiales probatorios que posteriormente fueron validados por el Juez 27 con función de control de garantías. En la audiencia en que se solicitó la medida preventiva, el juez le otorgó credibilidad a los 10 videos presentados por la entidad.
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Los videos reconstruyen lo ocurrido el día 19 de enero de este año. Día en el que el comerciante de San Andresito fue abordado por dos miembros de Policía cuando estaba en El Centro de Bogotá. Él se encontraba con una suma de 753 millones de pesos metidos en un maletín.
El juez argumentó que «el solo hecho de apoderarse de una maleta, así no llevara un solo peso, daría lugar a un hurto y la retención que hicieron es constitutiva de un delito». Su justificación fue que «los agentes no pueden capturar ni retener a ninguna persona en la calle si no está señalada de ser autor de un delito en situación de flagrancia o tenga orden de captura».
Además, dijo que la Policía no puede retener a un ciudadano por más de 10 minutos. Exceder este tipo estaría haciendo que los funcionarios incurran en secuestro simple.
A la cárcel policías imputados por hurto y secuestro
El juez, además, hizo un llamado a la depuración de la Policía, pues es «una institución llamada a proteger a los ciudadanos». Además, acotó que aunque estos delincuentes hayan sido retirados de la Policía, «eso no es garantía de que no volverán a incurrir en ese tipo de comportamientos». Por estas razones, el juez envió a prisión a los ex uniformados, serán llevados a la cárcel La Picota.
Además, el abogado del Mayor para pedió para él detención domiciliaria. Esto por su condición de padre de familia y su estado de salud. La petición fue denegada por el juez, pues no observó que se vulneraran los derechos de su hijo si lo enviaba a prisión.
Por último, el abogado del comerciante pidió una medida adicional para que haya una reparación integral por el robo de los 753 millones. esta petición también fue denegada por el juez.
Los tres explicas enfrentarán el proceso judicial privados de la libertad para garantizar su comparecencia en el caso. Los tres abogados, por su parte, interpusieron recurso de apelación. La Fiscalía tendrá un plazo de 60 días para llamar a juicio a los acusados, o para pedir la precisión del caso.
