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No fue por comer caña: revelan hipótesis sobre la masacre de niños en Cali

Esta vez, el vocero fue el director general de la Policía Nacional. ¿Se resuelven las dudas sobre este crimen?

Desde el pasado 28 de agosto, cuando la Fiscalía General de la Nación anunció la captura de dos presuntos responsables de la masacre de cinco menores en un cañaduzal del oriente de Cali, los ciudadanos han comentado varias hipótesis.

En un primer momento, el fiscal Francisco Barbosa dijo que las víctimas «acudían a ese lugar con frecuencia a comer caña, que es lo que se hace en esos lugares». Allí, tres adultos que trabajaban como vigilantes «observaron a los cinco menores acercarse y, sin mediar palabra, en un acto de total barbarie, los asesinaron».

Por su parte, el alcalde Jorge Iván Ospina recomendó que los dueños de las fincas debían contratar servicios de seguridad registrados ante la Superintendencia de Vigilancia, y añadió que «nadie tiene el derecho a quitarle la vida a otro ser humano, menos porque ha traspasado el predio a comer caña».

Sin embargo, en la audiencia de legalización de capturas que adelantó la Fiscalía, los detenidos afirmaron que no trabajaban como vigilantes del cañaduzal, sino que estaban vinculados a una empresa de construcción con sede en otro departamento.

El general Óscar Atehortúa, director de la Policía Nacional, confirmó hoy que los presuntos responsables del crimen son un vigilante, un exvigilante y un operario de maquinaria pesada. Además, se refirió al posible móvil.

«Los sindicados, de acuerdo a informaciones obtenidas, presuntamente referenciaban a alguna de las víctimas como responsable de actividades irregulares. Esa sería la razón condenable, que desde ningún punto de vista se podría justificar con el asesinato con arma de fuego a nuestros menores, mientras se encontraban en estado de indefensión», indicó el general Atehortúa. 

El tercer involucrado en la masacre es Gabriel Alejandro Bejarano, conocido con los alias de ‘el paisa’ o ‘el mono’, contra quien hay una orden de captura por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. Las autoridades están ofreciendo hasta $20 millones por información sobre su paradero.

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