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Negación de tutela le abre paso a la megaminería en Salento

El recurso legal interpelaba una decisión del Tribunal Administrativo del Quindío.

Orfa Liliana Correa, exconcejala de Salento, aseguró que el Consejo de Estado negó en segunda instancia una acción de tutela que ella interpuso para impugnar una decisión del Tribunal Administrativo del Quindío.

En junio del año pasado, dicho tribunal invalidó un acuerdo con el que el Concejo de Salento pretendía defender sus bosques de la minería de metales y piedras preciosas.

“El 14 de mayo recibieron el documento por parte del Consejo de Estado de la sala de lo contencioso administrativo con la negativa de amparo de la tutela que se había instaurado contra el tribunal, donde negaba el acuerdo municipal que prohibía la actividad minera en el municipio», le dijo Correa a RCN Radio.

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Salento lleva casi 20 años en la mira de multinacionales mineras que ya lograron radicar solicitudes de explotación en el territorio. Con el acuerdo, los concejales pretendían construir una barrera ante dichos intereses económicos para que no pudieran seguir avanzando.

Ahora, con la negación de la tutela en segunda instancia, queda claro que los concejos municipales no tienen autonomía para realizar tales acuerdos. «Esto podría evidenciar un limbo jurídico en la Constitución Política de Colombia ya que se les permite ciertas cosas y en el nivel integral se da otro concepto», añadió la excabildante.

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Crece la preocupación

Para el presidente del Concejo de Salento, Jaime Arias, el confinamiento que vive el país durante la pandemia de coronavirus representa un riesgo para el municipio con relación a la megaminería. La apertura gradual de algunos sectores les podría dar vía libre a las multinacionales mineras que buscan explotar el territorio.

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«Seguiremos en la lucha para hacer lo que constitucionalmente se pueda para evitar el ingreso de las grandes empresas que quieran explotar oro y otros minerales», dijo Arias. 

Salento tiene 21 solicitudes para explotación minera y 17 títulos ya otorgados. “El 33% del territorio del municipio está comprometido en actividades de minería. El 17% ya está concesionado y el resto va en proceso”, dijo la exconcejala Correa.

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