Mientras la megaminería es una amenaza en Salento, los monocultivos causan daños visibles

Smurfit Kappa, una de las empresas papeleras más grandes del mundo, es dueña del 10% de la superficie de Salento. En más de 3700 hectáreas, la multinacional ha extendido sus cultivos de pino y eucalipto cuya madera se utiliza para producir papel y cartón. Si este terreno se trasladara a Bogotá, por ejemplo, ocuparía 33 veces el Parque Simón Bolívar o toda la localidad de Kennedy.

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Salento es el municipio más grande del Quindío, el departamento más pequeño de Colombia. Hasta finales del siglo pasado, sus habitantes vivían del cultivo de café, papa, plátano, mora, frambuesa, tomate de árbol y hortalizas, así como de la producción de carnes y lácteos. Hoy, el panorama es distinto en el campo. La megaminería, razón por la que el país ha alzado la voz en defensa de este territorio, es apenas una amenaza en comparación con el daño ambiental que desde hace décadas vienen causando los monocultivos.

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Entre papel y aguacate

Además de las grandes extensiones donde el bosque ha sido reemplazado por pinos y eucaliptos, hay otras tierras en las que el gobierno departamental ha motivado la siembra de aguacate Hass. Las principales beneficiadas son dos multinacionales agrícolas de Chile y Perú, que entraron al país hace menos de cinco años con la venia de organizaciones como Invest In Armenia, dedicada a atraer inversión extranjera.

Entre 2016 y 2018, Salento pasó de 188 a 536 hectáreas sembradas con esta variedad de aguacate. Tal incremento lo ubicó en el puesto número 25 entre los municipios con mayor área de aguacatales, de los 498 en los que se cosecha este producto en Colombia.

El ‘oro verde’, como también se le conoce a este fruto tan apetecido en Norteamérica y Europa, tiene antecedentes desesperanzadores. En Chile, por ejemplo, habitantes de la provincia de Petorca denunciaron que los productores de aguacate estaban acaparando el agua de la región. En México, investigadores han asegurado que el cultivo de aguacate está convirtiendo los suelos del estado de Michoacán en desiertos.

Se necesitan 2000 litros de agua para producir un kilo de aguacate Hass. La meta más próxima de Camposol es procesar 500 toneladas diarias en Quindío para su exportación. 

Néstor Ocampo, un ambientalista que lleva 28 años liderando caminatas por las montañas del Quindío, ha sido testigo de la manera en que los intereses económicos se sobreponen a la protección de la tierra. “He visto cómo acaban con la vegetación nativa para establecer los monocultivos de aguacate, pino y eucalipto”, dice el ambientalista, director de la Fundación Ecológica Cosmos.

“Las multinacionales papeleras y aguacateras encuentran aquí lo necesario para desarrollar sus negocios: vías, infraestructura, agua y suelos de origen volcánico, que son muy apetecidos debido a sus características físicas y químicas. Uno deja de pasar seis meses por una vereda y se encuentra otro paisaje cuando regresa: han tumbado todo para sembrar aguacates. Fumigan con glifosato para que no crezca nada alrededor”, añade Néstor.

El señor Jaír Torres, que ha dedicado tres décadas a recorrer la zona rural del departamento conduciendo un jeep, puede enumerar las modificaciones como si se tratara de un juego de ‘encuentre las diferencias’: las carreteras que se han pavimentado porque conectan los puntos de explotación maderera con las vías principales, los antiguos cafetales que ahora son plantaciones de aguacate, las zonas donde el bosque ha desaparecido para darle paso a los cultivos comerciales de Smurfit Kappa y el color de la vegetación que cambia con los fumigantes en campos donde lo que debería ser verde ahora es ocre.

Basta con prestar atención en la carretera que conduce de Armenia a Salento para darse cuenta de que el paisaje tiene características distintas. Al lado izquierdo se ve la vegetación que, de manera natural, va encontrando posibilidades de vida en ese ecosistema. Al lado derecho, imponentes eucaliptos sembrados de manera estratégica triplican en tamaño a sus vecinos del frente.

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Vender, la única opción

En agosto del año pasado, un campesino de Salento grabó un video en el que hacía una denuncia sobre la agrícola peruana Camposol. Una vez dueña de gran parte del territorio, esta compañía cerraba caminos para dificultar el paso de los pobladores que aún permanecían en sus fincas. “Tenemos que pedir permiso para pasar. (…) Los aguacateros están imponiendo su ley”, dijo el hombre en su acusación.

Días más tarde, la Alcaldía del municipio publicó otro video en el que un representante de Camposol, en reunión con el alcalde, la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Navarco y el campesino que elevó la queja, decía que se trataba de un “mal entendimiento” y que el control se había iniciado por “problemas con algunos animales que han ingresado al predio”. El representante aseguró que el acceso estaría habilitado para los vecinos, “solo que se está registrando el nombre y cédula para un tema de control”.

Si el cerramiento de los caminos obedecía al paso de animales que no conocen límites, ¿de qué manera se podría solucionar pidiendo los nombres y números de cédula de los campesinos?

Entre la comunidad, y sobre todo entre los líderes defensores del territorio, quedó sembrada una gran duda: ¿por qué una empresa privada y extranjera anunciaba ejercicios de control territorial? Podría sumársele otra pregunta: Si el cerramiento de los caminos obedecía al paso de animales que no conocen límites, ¿de qué manera se podría solucionar pidiendo los nombres y números de cédula de los campesinos?

Alejandro Arango, un artesano que habita en la zona rural de Salento, resume la situación: “Las multinacionales están comprando las fincas y cerrando los caminos de servidumbre. Al campesino le toca caminar mucho para salir o entrar a su finca. ¿Qué opción le queda? Vender”, dice.

La concejala Orfa Correa, del Concejo de Salento, cuenta que la escuela de la vereda Navarco pasó de tener 15 niños a atender solo a tres. Los padres de familia vendieron las fincas y se mudaron. “Quedaron solo el celador y los trabajadores de Camposol. La Gobernación muestra la llegada del aguacate Hass como un logro, pero no es así. Estamos perdiendo la autonomía del territorio”, dice la cabildante.

Los ‘inofensivos’

Servido en una ensalada o triturado en un guacamole, un aguacate pareciera no hacerle daño a nadie. En el mercado internacional ha posicionado a Colombia como uno de sus cinco mayores productores. En las montañas de Salento y de los otros municipios donde sus cultivos se han extendido, este producto es un problema.

«El cultivo de aguacate ha generado daños en la diversidad biológica y la contaminación del agua por el uso de abonos y pesticidas»: Néstor Ocampo, ambientalista. 

Se necesitan 2000 litros de agua para producir un kilo de aguacate. La meta más próxima de Camposol es procesar 500 toneladas diarias en Quindío para su exportación. Esto requerirá, entonces, 1000 millones de litros de agua cada día: el equivalente a la cantidad de líquido vital que emplean 27 mil colombianos durante un año.

“Además de este alto consumo y del desplazamiento de los campesinos, el cultivo de aguacate ha generado daños en la diversidad biológica y la contaminación del agua por el uso de abonos y pesticidas”, explica el ambientalista Néstor Ocampo. Los agroquímicos terminan en el río Quindío, que surte de agua a más del 60% de la población del departamento: Circasia, Armenia y La Tebaida.

Algo similar sucede con los pinos y los eucaliptos. Los quindianos han visto cómo el grupo Smurfit Kappa, que opera en la zona a través de su filial Reforestadora Andina S.A., ha talado y quemado bosques desde hace más de 30 años para instalar sus especies maderables. La afectación ambiental se ve y se escucha. En las zonas donde se han hecho extensivos estos cultivos no vuelan mariposas ni se oyen cantos de aves.

Mientras estos árboles tardan alrededor de 60 años para crecer en los países de donde son originarios, en Colombia requieren menos de 10 años para alcanzar la edad de corte debido al cambio de suelo, a las técnicas de cultivo, a las condiciones climáticas y a las modificaciones genéticas.

“Estos cultivos matan la capacidad del suelo para generar vida. La Corporación Autónoma Regional del Quindío ha sido la punta de lanza de los intereses de Smurfit Kappa porque le ha permitido hacer lo que quiera en nuestro territorio sin sancionarla por sus desastres ambientales. Pareciera que esta entidad no trabaja para los quindianos sino para las multinacionales”, dice Néstor.

El paisaje

Los caballos y las mulas que se caen porque no soportan el peso de la madera que les ponen encima son escena repetida en Salento y en los demás municipios donde la multinacional papelera realiza sus extracciones. En los sitios a los que aún no pueden acceder los camiones, la tracción equina es usada como transporte. El maltrato animal hace parte de la lista de abusos por la que los ambientalistas han denunciado a Smurfit Kappa.

En otros lugares, campesinos o inmigrantes venezolanos cargan al hombro los troncos de eucaliptos y pinos hasta el punto de acopio. El Quindío, que tiene la tasa de desempleo más alta del país, ha visto en las multinacionales aguacateras y papeleras la posibilidad de combatir la desocupación laboral.

«La tasa de desempleo del departamento es muy grande ¿Qué tenemos que hacer? Buscar que vengan inversionistas de otros países»: Carlos Osorio, gobernador de Quindío.

“La tasa de desempleo del departamento es muy grande, del 14,5%. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar que vengan inversionistas de otros países. Estas plantaciones generan mucho empleo”, dice el gobernador del Quindío, Carlos Eduardo Osorio.

El Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales publicó en 1999 un documento en el que explica que las grandes plantaciones comerciales generan empleos directos solo durante las etapas de plantación y cosecha. También asegura que los puestos de trabajo van disminuyendo por la mecanización de la operación y que los bajos salarios y las precarias condiciones laborales son características de estas contrataciones.

Alrededor de cada nuevo árbol de aguacate hay un círculo con vegetación muerta que indica la aplicación de glifosato para que ninguna planta distinta consuma los nutrientes.

“De todas las actividades capaces de generar empleo a nivel local, la actividad plantadora es probablemente la peor opción”, dice el manifiesto. Y añade que la meta de las empresas forestales es producir ganancias para sus accionistas, no generar empleo. “Sin embargo, utilizan este falso argumento para justificar socialmente su emprendimiento”, asegura el documento.

Del paisaje de la zona rural de Salento también hacen parte grandes extensiones con pequeños arbustos de aguacate que apenas están afianzando sus raíces. Se ven pinos jóvenes con su silueta de cono muy cercana al suelo, en etapas previas al crecimiento que convierte sus troncos en fuente de extracción de pulpa de papel. Aparecen otros árboles más grandes cuya disposición y cercanía dibujan perfectas líneas verticales que aniquilan la multiplicidad de formas que se pueden apreciar en un bosque.

«Que se vayan las multinacionales y nos dejen tranquilos»: Alejandro Arango, artesano de Salento.

Alrededor de cada nuevo árbol de aguacate hay un círculo con vegetación muerta que indica la aplicación de glifosato para que ninguna planta distinta consuma los nutrientes. Se trata del mismo herbicida del que la Organización Mundial de la Salud ha advertido sus posibilidades cancerígenas para los humanos y con el que el gobierno de Colombia espera reanudar las fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos.

“A principios del siglo pasado nos deforestaron el bosque altoandino. Después introdujeron trucha en el río Quindío y eso acabó con los peces autóctonos. Luego llegó Smurfit Kappa y nos desestabilizó el ecosistema con sus siembras. Ahora llegaron los aguacateros, que con sus agroquímicos matan las abejas y contaminan el agua”, dice el artesano Alejandro Arango, que lleva 27 años viviendo en Salento. “Que se vayan las multinacionales y nos dejen tranquilos”, agrega.