Bogotá lo tiene todo. Su riqueza cultural, histórica y natural es invaluable. No solo se trata de la emblemática carrera Séptima o del centro histórico, sino de los imponentes paisajes que se aprecian en la periferia urbana, desconocidos para muchos dentro de la misma ciudad, olvidados por la institucionalidad y codiciados por aquellos que quieren ejercer control territorial.
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Cerro Seco es un gran ejemplo. Este corredor ecológico, ubicado en los límites entre Ciudad Bolívar y Soacha, se compone por un semidesierto de bosque enano, del que aún falta mucho por descubrir. La minería y la expansión urbana son el más grande enemigo de este corredor, pues muchos han querido reclamar el terreno como suyo.
A mediados de noviembre del año pasado, en PUBLIMETRO registramos que tres sujetos armados –uno de ellos encapuchado– amedrentaron a habitantes que se encontraban en compañía de varios menores de edad realizando actividades deportivas. Líderes de la comunidad aseguran que este tipo de situaciones tienen relación con un litigio de tierras que lleva años.
Las denuncias de la comunidad también las exalta la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana (n.º 023-19): “Debido a las características geográficas de la localidad de Ciudad Bolívar, y una parte de la localidad de Bosa, la minería que se practica en ese sector de Bogotá genera un factor adicional de riesgo para la población, no solo desde el punto de vista ambiental, sino social, ya que se ha evidenciado y denunciado por parte de las organizaciones sociales y los líderes y lideresas de ambas localidades que se están presentando casos de amenazas y de restricciones del paso en zonas públicas, como ocurre en el parque natural Cerro Seco”.
El conflicto del que no se habla en Bogotá
Aunque no es claro cuál es la organización o grupo detrás de las amenazas en Cerro Seco, lo cierto es que desde hace varios meses la Defensoría del Pueblo ha expuesto que Ciudad Bolívar, al igual que otras localidades como Usme, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Bosa y Kennedy, se encuentra en riesgo por la presunta presencia de integrantes de grupos armados ilegales posdesmovilización de las Auc, Eln y disidencias de las Farc. Iniciando esta semana, la Defensoría dio a conocer otras dos localidades (Fontibón y Engativá) con el mismo escenario de riesgo para sus habitantes por la presencia de estos grupos.
En su mayoría, las intimidaciones tienen la firma de grupos de ideología paramilitar, según han retratado en varias ocasiones a PUBLIMETRO defensores y organizaciones de las localidades en mención, además de la de Suba (ver más abajo). Esta situación se ve en los sectores más vulnerables, como en las invasiones.
Tan solo a algunos kilómetros de Cerro Seco se encuentra una de ellas, que se ve desde una de las partes más empinadas del corredor. “No cualquiera entra allí. Ciertos grupos (paramilitares) controlan la movilidad y horarios de las personas, una especie de toque de queda. Ellos mueven de todo, grandes cantidades de droga, armas, todo lo que no se imaginan”, relató a PUBLIMETRO un reconocido líder de la localidad 19.
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Aunque en contextos distintos, la situación en otros sectores de la periferia es la misma, como en inmediaciones del parque Entrenubes, un ecosistema urbano que forma parte del grupo de cerros y montes de la cordillera oriental de los Andes y que colinda con Rafael Uribe Uribe, Usme y San Cristóbal.
Lamentablemente, muchos de los barrios que lo rodean son algunos de los más olvidados. La situación de vulnerabilidad de sus habitantes es caldo de cultivo para los grupos armados. Marcela, miembro del Comité Operativo Local de Mujer y Género de Rafael Uribe Uribe, y reconocida líder, detalló a PUBLIMETRO que la falta de inversión en lo social, y el desinterés de las instituciones, generan un grave atropello a los derechos humanos de aquellas comunidades, que están compuestas, en gran medida, por víctimas del conflicto y menores de edad: “No ha existido interés y eso viene desde una orden de la Alcaldía, porque esta Administración no dejó presupuesto para inversión social, que es lo que necesita la comunidad. Hacia las partes altas de la localidad no llega la presencia institucional. En el parque Entrenubes, por ejemplo, se presenta una situación de violencia, donde no llegan las secretarías ni los recursos completos. Esa situación hace que haya una comunidad habitando el territorio sin protección. La zona esta muy abandonada y hay mucho consumo de droga”.
Mariela, como otros colombianos, ha sido víctima del desplazamiento y del conflicto(ver infografía más abajo), y no en algún corregimiento apartado del país, sino en la capital, en Ciudad Bolívar. Ella tuvo que salir hace varios años de la localidad luego de liderar procesos sociales, buscando la dignidad de sus habitantes, en la época en la que había que ir por agua a las fincas en burro, y no había servicios, transporte o colegios. Sus problemas aumentaron después de ayudar a levantar una escuela, que posteriormente fue tomada por el Ejército: “Niños y niñas fueron violados; nos cogieron nuestro plantel como base militar lleno de armas. Hice la denuncia con unas profesoras y la misma comunidad (…) Haber denunciado, demostrado y liderado la salida del Ejército de ese plantel y otros más de la localidad, me acarreó mi desplazamiento y la muerte de mi esposo”. La situación de desplazamiento por la que Mariela tuvo que pasar es más común de lo que se piensa en la capital. Según un boletín de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, emitido con fecha de corte del 1.º de enero de este año, 277 personas fueron víctimas de desplazamiento por hechos ocurridos en Bogotá durante 2017; y 112 durante 2018.
Tras recorrer varias ciudades, Mariela regresó a la capital, y desde entonces, Rafael Uribe Uribe la acogió. Aunque las dinámicas que le acarrearon su desplazamiento no son las mismas, muchas de las integrantes de la organización de la que hace parte han sido blanco de señalamientos: “Sí nos sentimos un poco amenazadas, en la medida en que nosotras hacemos control social frente al presupuesto local. A mí, directamente, no me han llegado amenazas, pero a varias compañeras sí, sobre todo las que residen en las partes periurbanas”. También agregó que desde el Comité notan que la Defensoría Pueblo ha realizado informes acertados sobre la presencia de grupos armados en Bogotá: “Nosotras no podríamos decir de qué lado son realmente, pero son personas que no desean que hagamos el ejercicio como veedoras”.
A su turno, Alejandra, quien también hace parte del Comité Operativo Local de Mujer y Género de la localidad 18, enfatizó a PUBLIMETRO sobre la difícil situación de los menores que habitan los sectores más olvidados de la ciudad: “La problemática siempre ha sido que ellos no tienen oportunidades, posibilidades de estudiar y salir adelante. Hacen falta muchos proyectos de emprendimiento para que ocupen su tiempo mientras sus papás tienen que trabajar”. Las mujeres de la organización, como muchas otras que trabajan en pro de la comunidad, sienten una responsabilidad enorme con sus territorios, pues ante el abandono social, los líderes han venido supliendo aquella ausencia. No dudan afirmar que están “encubriendo una responsabilidad que está en cabeza del Estado”.
¿Qué está pasando en Suba?
La localidad de Suba también estaría siendo golpeada por la presencia de grupos armados ilegales. Varios defensores y organizaciones han sido blanco de amenazas por cuenta de su trabajo con la comunidad.
“Sí se han presentado una serie de amenazas, algunas de ellas firmadas por las Águilas Negras. Hay persecución contra los líderes y lideresas de la localidad, y eso responde a toda una estrategia que ha tenido esa ala oscura del país, que no podemos negar que ha estado en diferentes escenarios históricos, ligados fuertemente al Estado. Lo que han hecho es trasladar el paramilitarismo a las principales ciudades del país y asentarlos en diferentes sectores, como en los barrios populares de Bogotá”, narró a PUBLIMETRO un integrante del colectivo Suba Nativa, organización social que aproximadamente hace 12 años trabaja en la localidad en temas de educación, medioambiente y territorio.
Además de los grupos con orientación paramilitar, los defensores advierten que en la localidad también existe la presencia de neonazis, quienes han dejado claro que, “son de ultraderecha, pues en algunos videos salen con comandantes paramilitares, miembros de la Fuerza Pública y personas ligadas al escenario político de dicha ideología”. “Lo que uno logra evidenciar es que tienen relación con grandes estructuras paramilitares. Es un ejercicio muy presente en la localidad, sin embargo, no es ajeno al resto de la ciudad”, advierten.
Frente a este último punto, la Policía Metropolitana de Bogotá recalcó a PUBLIMETRO que “de acuerdo con el contexto cultural e ideológico en Bogotá cada día aparecen más tribus urbanas, por ello es pertinente decir que hay diferentes grupos como el de cabezas rapadas”. La institución especifi ca que “a la fecha no se ha realizado ningún tipo de captura a personas relacionadas con este grupo”, dado que “no han transgredido el ordenamiento jurídico”.
Sumado a lo anterior, en Suba, y las localidades en alerta por la presencia de grupos armados ilegales, varios líderes no dudan en señalar la posible relación de la Fuerza Pública con estas organizaciones. Ante esto, la Policía “hace un llamado a la ciudadanía y organizaciones para que acudan a las oficinas de control disciplinario y ante la Fiscalía General de la Nación, para que denuncien los hechos de los cuales tengan pleno conocimiento”.
La importancia geográfica
Quienes quieren ejercer control territorial alimentan su supervivencia a través de actividades ilícitas como la venta de estupefacientes, extorsión o tráfico de armas. Es más, estratégicamente, llegan a determinados sectores.
Según ha reseñado la Defensoría del Pueblo, “San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Usme cuentan con zonas de frontera en expansión, disponen de importantes espacios rurales y cuentan con corredores naturales y viales que favorecen la comunicación desde y hacia las provincias de Soacha y oriente en Cundinamarca, la región del Sumapaz y los Llanos Orientales”.
Estas características han hecho de las tres localidades en mención sean territorios de alto valor estratégico para el ejercicio del poder sobre economías ilegales: “Esto ha sido históricamente aprovechado por distintos grupos armados que actúan al margen de la ley, en el desarrollo del conflicto armado en Bogotá”.
En cuanto a las características del territorio de Kennedy, Ciudad Bolívar y Bosa, el órgano constitucional detalla que “configuran corredores de movilidad logísticos y de abastecimiento para estructuras armadas ilegales, las cuales, desde hace años, han venido estableciendo zonas de control que, aunque inestables por la transformación de las dinámicas relacionadas con el conflicto armado, mantienen su anclaje al territorio”.
De esta manera, la presencia de los Grupos Armados Ilegales (GAI) en el sur de Bogotá, “ha respondido a la evolución del conflicto armado interno y a la transformación de las estructuras armadas ilegales que tienen interés en controlar las zonas de la capital con conexión al oriente y al sur del país”.
La Fiscalía General de la Nación, Policía Metropolitana de Bogotá y la misma Alcaldía, han negado la presencia de estos grupos en la ciudad, pese a los hechos y advertencias crecen cada día.
¿Casas de pique en Bogotá?
Las dinámicas de frontera entre localidades y municipios aledaños, como Soacha, muchas veces fomentan el intercambio de prácticas delincuenciales de un sector a otro, dentro de las que se encuentran unas tan terroríficas como el desmembramiento de cuerpos.
En los barrios advierten que han presentado casos de delitos que tienen relación con presuntos “centros de formación delincuencial”, ubicados en dicho municipio. Así lo afirmó a PUBLIMETRO una líder de la Coordinadora Cívico Popular de Ciudad Bolívar, conformada por varias organizaciones sociales: “Hemos identificado que en Soacha existe una escuela de sicariato que se encarga de formar a esta gente que opera en los territorios, y no solamente de Ciudad Bolívar, sino de Bosa, y de lugares aledaños. Esa escuela de sicariato tiene niveles, en los que les enseñan a robar, usar armas y descuartizar”.
Esta misma situación es descrita en la Alerta Temprana (n.º 023-19), en la que se advierte que los supuestos miembros de los GAI acuden a dichos centros de formación delincuencial en Soacha, para poder ejercer el poder territorial en los sectores más vulnerables de la capital: “Esta situación aumenta las dinámicas de terror hacia la población, así como la confusión hacia las autoridades, pues también se ha tenido conocimiento del hecho de que los cuerpos de las personas asesinadas son dejados en cualquiera de estas localidades o de Soacha, lo que impide tener claridad acerca de los lugares en donde se están ejecutando los homicidios”.
Según el documento, los casos presentados el 8 de abril de 2018, el 22 de enero de 2019 y el 1.º de marzo de 2019 involucran cuerpos descuartizados en el barrio Porvenir de la localidad de Bosa, lo que daría cuenta de las dinámicas propias de la violencia que se está presentando por la lucha territorial que ejercen los diferentes grupos armados ilegales.
El temor de un centro delincuencial en Soacha, que impacta directamente a la capital, se confirmó el 25 de julio de este año tras el hallazgo de una casa de pique. El mayor general Hoover Penilla, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó en su momento que dos de las habitaciones fueron lavadas y pintadas, no obstante, aún tenían rastros de sangre. Todo indica que allí se llevaron a cabo los desmembramientos de personas, cuyos cuerpos han sido encontrados recientemente en la capital.
Aunque las investigaciones están en curso, se presume que ciudadanos venezolanos fueron víctimas de desmembramientos en dicho inmueble. Sus muertes tendrían origen en una disputa por narcotráfico con Los Paisas, estructura armada ilegal con presunta presencia en la capital que, aparentemente, tiene vínculos con la Oficina de Envigado, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y otros grupos posdesmovilización de las Auc.
Horas después del hallazgo en Soacha, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, dijo que este año (con corte al 25 de julio) se han encontrado cuatro cuerpos desmembrados. El primero fue en enero, en la localidad d e Bosa; el segundo, en marzo también en Bosa; el tercero, en mayo en la localidad de Los Mártires; y el cuarto caso fue en julio en la localidad de Engativá. El mandatario sostuvo que “en Bogotá no existen casas de pique”, ya que en el momento “no hay una información que permita concluir que hay relación sistemática entre los cuerpos desmembrados”.
A su vez, la directora de la Fiscalía General de la Nación, seccional Bogotá, Carmen Torres, declaró que con el apoyo de la Sijín y el CTI se están adelantando las investigaciones sobre los cuatro restos hallados, refiriéndose a la relación de los hechos con la casa de pique hallada en el municipio cundinamarqués: “Sobre esta investigación se puede decir que se tiene certeza de que dos de estos muertos, los hallados en Engativá y en Los Mártires, fueron asesinados en el municipio de Soacha”. (PUBLIMETRO intentó ampliar los detalles de estas denuncias con la Fiscalía en reiteradas ocasiones, sin embargo, la entidad no respondió).
La Defensoría reseña que el descuartizamiento de cuerpos como una forma de imposición de conductas a los miembros de las estructuras armadas ilegales, y a la sociedad en general, ha sido un factor que ha caracterizado las masacres perpetradas por miembros de las Auc en el territorio nacional. ¿El terror de los paras está reviviendo en Bogotá?
Aunque las investigaciones avanzan, y las autoridades continúan negando la presencia de estos grupos en la ciudad, los descuartizamientos y amenazas a líderes, sumados a la opresión de los grupos armados, particularmente en los territorios donde no llega la institucionalidad, dan cuenta de que aquellas prácticas se estarían replicando en la capital. Organizaciones, líderes y habitantes exigen que la situación se tome en serio, puesto que aún no se ha investigado lo suficiente para determinar el impacto real que están teniendo estos grupos en los territorios, tanto así, que aún se niega su existencia.
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