Paras: ¿amenaza real para la seguridad de la capital?

El abandono del Estado ha provocado que miembros de grupos armados ilegales usen la violencia y la intimidación para tomar el control de algunos barrios. Esta es la segunda entrega de La Bogotá armada.

Por Ginna R. Sánchez

La sombra de los grupos Armados Ilegales Posdesmovilización de las Auc (Gaipauc), específicamente de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (conocidas como Clan del Golfo o Urabeños), las Águilas Negras Bloque Capital, los Rastrojos Comandos Urbanos, los Costeños y los Paisas, ronda las  localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, San Cristóbal, Usme y Rafael Uribe Uribe. 

Así lo advierte la Defensoría del Pueblo en las Alertas Tempranas n.º 023-19,  n.º 086-18 y  n.º 030-18, al igual que las comunidades de las seis localidades en mención. Aunque la situación tiene muchos factores y el contexto no es nuevo, la nula presencia institucional en ciertos sectores facilita la operatividad de estos grupos.

Para la Defensoría del Pueblo, los grupos posdesmovilización de las Auc han tenido como horizonte la expansión territorial, la acumulación de poder económico y la obstaculización a procesos comunitarios. Durante 2017 y lo corrido de 2018, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) dio cuenta de distintas amenazas, desplazamientos forzados, homicidios selectivos, entre otros, que representan una situación humanitaria alarmante. Según la advertencia, muchas veces estas acciones van acompañadas del establecimiento de ‘líneas imaginarias’ o ‘puntos de control’ con los que regulan el acceso y salida de personas, así como las economías ilegales. En otros casos, el ejercicio del control territorial se refleja en la imposición de ‘toques de queda’ a la población, con los que restringen la libre circulación durante algunas horas.

Adicionalmente, la Defensoría reseña que dichas agrupaciones, aprovechándose del contexto de vulnerabilidades sociales de adolescentes y jóvenes, los han inducido al consumo de sustancias psicoactivas y, por este mecanismo, los han presionado para vincularse ilegalmente a actividades como el comercio de sustancias ilícitas, la realización de acciones sicariales, la vigilancia y advertencia de la presencia de las autoridades en el territorio.

“Sus intereses son el control territorial, no solo de quienes entran y salen de la localidad, sino de los corredores que se han formado con mayor fuerza en esta última época, y han sido corredores de narcotráfico, no lo planteamos como microtráfico. Adicionalmente, han utilizado a los niños como carrito de carga. De este modo, los chicos son usados para hacer control territorial, esto a propósito de las necesidades que tiene la gente en el territorio. Si los chicos no tienen espacios de esparcimiento seguros, su única opción es esa”, expresó a PUBLIMETRO una líder de la Coordinadora Cívico Popular de Ciudad Bolívar, conformada por varias organizaciones sociales.

“Hemos identificado que en Soacha (Cundinamarca) existe una escuela de sicariato que se encarga de formar a esta gente que opera en los territorios, y no solamente de Ciudad Bolívar, sino de Bosa y de lugares aledaños. En ese sentido, han utilizado niños y jóvenes”, añadió la líder, tras resaltar que la pobreza, desigualdad y abandono facilitan la instrumentalización de los menores por aquellos que quieren ejercer control territorial.

Frente al trabajo que realiza la Policía Metropolitana de Bogotá con los menores, que específicamente residen en las zonas más vulnerables de la capital, la institución le dijo a PUBLIMETRO que con sus grupos operativos de Prevención, Infancia y Adolescencia, de la mano con la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional “viene realizando campañas en los establecimientos educativos, donde se realizan capacitaciones para que los estudiantes tomen conciencia de los daños que acarrea consumir estupefacientes. También adelantamos campañas preventivas en los barrios, con el fin de contrarrestar este mal que aqueja a la sociedad”.

La violencia: aliciente de la criminalidad

Las organizaciones comunitarias y líderes juegan un papel trascendental en los territorios más olvidados, pero su trabajo incomoda a los que quieren apropiarse de los territorios y controlar a sus habitantes, pues brindan alternativas a la violencia.

“Ante la ausencia del Estado, que no es un tema únicamente de las regiones de este país, sino también de cómo se ha constituido esta ciudad, podríamos afirmar que las comunidades organizadas han venido supliendo las necesidades de un Estado ausente. Cuando llega una actor armado empieza a ejercer el control que el Estado no tiene, entonces sencillamente llega a copar la cotidianidad de la gente, desde el transporte público hasta el cierre de los establecimientos a determinada hora, o el tránsito de la gente. No es la ley del Estado, sino es la ley de los grupos posdesmovilización del paramilitarismo”, expresó otra de las integrantes de la Coordinadora Cívico Popular de Ciudad Bolívar.

En ese contexto, desde hace décadas se libra un conflicto, que ha terminado en muertes y amenazas de quienes son la voz de la comunidad.

Así lo reseñan varios informes. Uno de ellos es ‘¿Cuáles son los patrones?’, realizado en conjunto por diferentes organizaciones, que destaca que en la capital se registraron cuatro casos de violaciones al derecho a la vida de líderes sociales y defensores de derechos humanos, entre el 24 de noviembre de 2016 y el 31 de julio de 2018. Wilfredy González Noreña, Nelson Eduardo Velandia Ortiz, Diana Patricia Mejía Fonseca y Carlos Eduardo Melo Ramírez fueron los líderes asesinados.

En panfletos firmados por las Águilas Negras, amenazaron varias veces a Wilfredy, quien se desempeñó como líder cívico comunal, de la mesa de trabajo de derechos humanos de Usme, hasta el 20 de febrero de 2017, día en que lo asesinaron. El 24 de septiembre de ese mismo año, Nelson Eduardo, líder cívico comunal y educador del Colegio Atahualpa, fue hallado sin vida en su vivienda, en Kennedy; al año siguiente, el 3 de febrero, Diana Patricia, líder cívica comunal, madre comunitaria y docente del barrio Candelaria La Nueva de Ciudad Bolívar, fue asesinada frente a un jardín infantil; dos días después (el 5 de febrero), Carlos Eduardo fue asesinado en el barrio José de Sucre, de Usme, donde era reconocido como líder cívico comunal.

La violencia en las localidades en las que se ha alertado sobre la presencia de integrantes de grupos armados, además de impedir el trabajo de los defensores comunitarios, ha terminado con incontables vidas en los últimos años.

“Como comité de derechos humanos, hemos venido documentado una serie de asesinatos. Evidenciamos que pasamos de una estrategia de limpieza social, que se desarrolló a finales de los años ochenta y noventa, a una estrategia de asesinatos selectivos, que lo que hacen es generar intimidación. Es decir, ya no es la barrida, la masacre, sino que pasan a ser graneaditos, entonces uno hoy, dos mañana, pasado mañana otros tres”,  agregó la líder de Ciudad Bolívar.

La Bogotá Armada La Bogotá Armada / La Bogotá Armada

 

¿Quiénes están detrás de los panfletos?

En muchos de los casos, las amenazas contra los líderes y personas de la comunidad declaradas como indeseables, que comprenden, generalmente, poblaciones estigmatizadas socialmente, llegan en panfletos.

La reciente Alerta Temprana de la Defensoría de Pueblo advierte que “organizaciones locales y líderes comunitarios de Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa, han denunciado que han venido circulando panfletos amenazantes suscritos por quienes se autodenominan Grupos Armados Ilegales Posdesmovilización de las Auc, al tiempo que han proliferado amenazas verbales de exterminio social”. Esta situación también es recurrente en San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Usme.

En días pasados, precisamente, la Red Popular de Derechos Humanos Bogotá Sur (Redhus), alertó en un comunicado sobre el inminente peligro que corre la vida de la comunidad del sur de la capital  por amenazas de muerte, consignadas en panfletos firmados por el Bloque Nuevo Amanecer de las Auc y Águilas Negras Bloque Capital, respectivamente.

Según la denuncia, el panfleto firmado por el Bloque Nuevo Amanecer de las Auc apareció hacia la primera semana de junio, anunciando limpieza social, especialmente contra los consumidores de estupefacientes; también advierten que “declararán objetivo militar” a los jóvenes que encuentren en la calle después de las 10:00 p.m. “Dios los bendiga y los ilumine para no matarlos”, concluye la amenaza, señalando que se efectuará en las comunidades de los barrios Santa Rosa, Moralba, Altamira, La España y Quindío, todos ubicados en San Cristóbal.

De manera análoga, el 21 de junio empezó a circular en el sur de la capital un panfleto firmado por las Águilas Negras Bloque Capital. En el texto, lanzan amenazas contra los jóvenes que trabajan en diferentes procesos sociales; incluso, especifican los nombres y apodos de los líderes que declaran objetivo militar. El comunicado está dirigido a barrios de Rafael Uribe Uribe y Usme (Diana Turbay, El Portal, Danubio Azul, La Fiscala, Palermo Sur, Bochica, Lomas, Cerros de Oriente y San Agustín).

En vista de la grave situación, Redhus solicita a las entidades estatales que “se inicien las investigaciones respectivas a las que haya lugar” por los hechos anteriormente mencionados.

Para las instituciones, los panfletos son un tema complejo, sin embargo, no los relacionan con grupos armados ilegales, sino con delincuencia común. “Muchas de las estructuras o de personas que estén vinculadas con temas criminales utilizan también ciertos nombres para mandar un mensaje de mayor intimidación, porque de las cosas que desafortunadamente quieren generar es temor. Entonces si yo me llamo alias Tintín, no es tan contundente a que si yo llego con Águilas Negras, entonces eso también puede ser usado por gente indiscriminada para generar temor. Que nos preocupa, por su puesto, porque en cualquier caso uno de nuestros derroteros es que la gente se sienta tranquila y viva segura, porque eso hace parte de poder desarrollar su vida”, resaltó frente al tema María Lucía Upégui, subsecretaria Seguridad y Convivencia. Un ejemplo de la situación expuesta por la entidad, que se podría catalogar como suplantación de marca criminal, es la captura en Ciudad Bolívar (septiembre de 2018) de alias el Viejo, también conocido como el Paraco, debido a que se hacía pasar como paramilitar para sobornar y obligar a familias a que abandonaran la localidad. Al sujeto se le acusa de más de 20 homicidios en la zona.

La funcionaria destaca, además, que la labor de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia es estar en contacto con estas comunidades para desarrollar acciones conjuntas. En el marco de ese trabajo hay todo un equipo de profesionales, que trabajan permanentemente con las comunidades. Otra de las labores que realiza la Secretaría tiene relación con el equipamiento que facilita el trabajo de las autoridades.

“Nuestra lógica es: si nosotros fortalecemos las capacidades de las localidades, cualquier tema de seguridad, es mil veces más fácil de resolver, porque tiene una institucionalidad fortalecida”, añade.

Tierra de nadie

Paras: ¿amenaza real para la seguridad de la capital? Paras: ¿amenaza real para la seguridad de la capital? / Ilustración Xtian

 

La Defensoría del Pueblo reseña que uno de los propósitos económicos y territoriales que pueden tener los integrantes de estos grupos armados tiene relación con el despojo y la reconfiguración territorial, soportados en las necesidades de una vivienda digna en sectores sociales en alta situación de vulnerabilidad. De acuerdo con versiones comunitarias, resaltadas por entidad, si bien en los procesos de venta especulativa del suelo urbano es tangible el control ejercido por formas de criminalidad organizada asociadas a los llamados ‘tierreros’, no se descarta que quienes ejercen violencia en contra de la población en estas zonas de invasión sean o estén vinculados con grupos posdesmovilización de las Auc.

“Los barrios de invasión se han vuelto un arma de doble filo, es decir, hay un sector paramilitar (‘tierrero’) que está generando invasiones para impulsar allí microtráfico, consumo de drogas, para cobrar impuestos, para extorsionar a la gente, y se amparan en ese barrio ilegal para que la institucionalidad no los toque, pero hay otros procesos que son populares, de la gente del común, que al denunciar ese tipo de fenómenos ha sido amenazado”, afirmó a PUBLIMETRO un miembro del colectivo Hycha Guaia de Usme, que trabaja por la defensa de las veredas que están siendo amenazadas por la urbanización.

El miembro del colectivo agrega que “como el paramilitarismo es un proyecto político, les queda muy fácil contratar a las bandas criminales que ya existen para hacer ejercicios de amenaza, de hostigamiento, de persecución a los líderes sociales”.

Este fenómeno es descrito por la Defensoría como una especie de tercerización: “Grupos posdesmovilización han flexibilizado su estructura organizativa según la forma de funcionamiento. Esto les ha permitido expandir y fortalecer su presencia territorial en entornos urbanos, bien sea directamente o mediante el sometimiento de pandillas y parches, o cooptación de combos, bandas y estructuras ilegales con capacidad y reputación”.

Para la entidad, esta dinámica de tercerización criminal desemboca en una superposición de violencias, con graves repercusiones en términos de la garantía de los derechos de la población civil.

Frente al tema, Jorge Eliécer Peña Pinilla, alcalde de Usme, expresó a PUBLIMETRO que en algunos sectores de la localidad “hay un problema social bastante complicado por el tema de ‘tierreros’”.

También resaltó, al igual que la Administración Distrital, que las autoridades siempre han reportado que en Usme –y otros sectores de la ciudad– no existen grupos ni paramilitares, ni guerrilleros: “Han dicho que se trata de delincuencia común, grupos de microtráfico, efectivamente bandas de ‘tierreros’ que se hacen pasar por paramilitares o pertenecientes a grupos como la guerrilla, para consolidar su actividad criminal”.

En cuanto a la lucha contra los urbanizadores ilegales, la Secretaría de Hábitat destacó que “gracias al trabajo conjunto que se viene adelantando con la Fiscalía General de la Nación, desde 2019 se hace seguimiento continuo a 69 denuncias y 138 procesos por delitos como urbanización ilegal, invasión de tierras y estafa, entre otros”. Como resultado de estas acciones, la entidad ha apoyado a la desarticulación de siete bandas de ‘tierreros’, en Suba, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Kennedy, Engativá y Chapinero. En total, se han capturado 59 delincuentes durante la desarticulación de estas bandas.

Aunque las autoridades han hecho esfuerzos por mejorar la situación de seguridad en estos barrios de la capital, esta es la cruda la realidad que se vive en los sectores más vulnerables de la capital. Lo preocupante es que hasta tanto no haya una garantía para mantener los derechos humanos, siempre estarán presentes grupos armados que impongan su propia ley, pasando por encima de los derechos de los habitantes.

 

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