Hacia las 9:30 a.m. del jueves 17 enero de este año, José Aldemar Rojas arribó a la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, ubicada en el sur de la capital, en una camioneta gris Nissan Patrol, de placas LAF 565.
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Mientras verificaban hacia dónde se dirigía, Rojas aceleró hasta el fondo, destruyó la talanquera de la entrada sur y arrolló a los uniformados a su paso, hasta estrellarse contra un alojamiento femenino de la escuela. Segundos después, un estallido ensordecedor anunció la tragedia, pues la camioneta estaba cargada con 80 kilos de pentolita (explosivo), que estallaron tras la colisión. En el hecho, 22 cadetes perdieron la vida y 66 resultaron heridos.
Como pocas veces pasa, las investigaciones se realizaron en tiempo récord. Al día siguiente, el CTI de la Fiscalía y la Policía allanaron una bodega, ubicada en el sector de Santa Librada, en Usme, asegurando que allí se había armado el carro bomba.
Al mismo tiempo, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, informó a la opinión pública que José Aldemar Rojas era un explosivista del Eln, conocido con el alias de Kiko o el Mocho (porque perdió su mano derecha al manipular explosivos).
La misma guerrilla confirmó su actuación en un artículo con fecha del 21 de enero, publicado en Voces, su página de internet. En el pronunciamiento, argumentó que la Escuela de Cadetes “es una instalación militar” donde se forman oficiales de Policía “que luego realizan inteligencia de combate, conducen operaciones militares y participan activamente en la guerra contrainsurgente”, entre otras funciones.
¿Cuál es el poder que tiene el Eln en Bogotá?, ¿cómo lograron ingresar a una base de la Policía ubicada en la capital?, ¿cómo ingresaron los 80 kilos de pentolita a la ciudad?, ¿las autoridades sabían del riesgo?, esas, y otras dudas surgieron tras el atentado que le robó la calma al país.
Eln y disidencias, ¿amenaza latente para la capital?
Aunque para muchos, el tema cobró fuerza a partir de ese momento, días antes hubo una leve advertencia tras la Alerta Temprana (n.° 086-18) de la Defensoría del Pueblo. En el documento está consignado el peligro que representa para la ciudad la presencia de esa guerrilla por atentados con explosivos: “Para el Eln, la capital representa el centro de poder, y por ende, para fortalecer su posición en la mesa de negociaciones con el Gobierno Nacional, podrían accionar artefactos explosivos”.
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También se advierte que desde hace años, acciones violentas del Eln en la capital han “tenido un impulso importante debido a la conformación de su denominado Frente de Guerra Urbano Nacional, el cual se presume habría condensado las acciones de distintas células urbanas de esta guerrilla, entre ellas, las denominadas Camilo Torres y otras procedentes del frente Rafael Blanco Flórez, las cuales desempeñaban acciones de proselitismo, adoctrinamiento e inteligencia en la ciudad”.
El texto fue publicado en diciembre de 2018 y la Fiscalía, los diferentes órganos de control, las entidades del Distrito y la Fuerza Pública tuvieron conocimiento de la grave advertencia en su momento. Aún así, el temor se hizo realidad un mes después, tras el atentado contra la General Santander, que precisamente se ubica en la localidad de Rafael Uribe Uribe, identificada como un escenario de riesgo para sus habitantes por la presencia de integrantes de Grupos Armados Ilegales Posdesmovilización de las Auc (Gaipauc), Eln y disidencias de las Farc. En San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy también hubo alertas.
Para la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, el atentado contra la Escuela de Cadetes no fue un tema contra la ciudad propiamente, pues desde el análisis de la cartera, se trató de un tema de terroristas que utilizan la ciudad como un escenario para mandar un mensaje a nivel nacional. “Nosotros, como cualquier ciudad de Colombia, podemos ser un escenario atractivo para el operar de algún grupo al margen de la ley, porque es la capital. Acá siempre vamos a tener unos objetivos de alto valor, y no es necesariamente porque en Bogotá se gesten estos grupos armados al margen de la ley. Es distinto a que este sea un escenario donde alguno de esos grupos puede operar, a que acá se estén gestando o tengan un gran despliegue. Que es un poco la explicación perfecta del desafortunado incidente de la escuela”, expresó a PUBLIMETRO María Lucía Upegui, subsecretaria de Seguridad y Convivencia.
La funcionaria agregó que esta situación en particular debe tratarse como un tema de nación-ciudad: “Hemos compartido un diálogo con el Ministerio de Defensa para poder tener una agenda juiciosa que nos permita mejorar los canales de inteligencia, el compartir información, y conocer de manera permanente cualquier alerta que tengamos, pero en diálogo comúnmente con la agenda de la nación, porque esto tiene esa perspectiva, y ahí lo local cambia”.
Es importante señalar que los diálogos entre el Gobierno y el Eln están en punto muerto desde el atentado contra la Escuela de Cadetes.
Versiones encontradas por supuesto ‘centro de adoctrinamiento’
El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, reconoció la presencia de Eln en Bogotá luego de que la Fiscalía allanó supuesto centro de adoctrinamiento de esa guerrilla en la localidad de Suba, en mayo de 2018.
“Nosotros sí sabemos que el Eln ha venido teniendo actividades en Bogotá desde hace rato, desde el caso del Centro Andino, en donde se capturaron a sus integrantes, células del Eln o parientes”, expresó el mandatario días después de que se realizó el procedimiento.
Según detalló la Fiscalía en aquel momento, en el inmueble se realizaron “jornadas de lectura y ejercicios lúdicos” con niños de ocho años en adelante, que “exaltan el resentimiento social y la vida de personajes subversivos”. En la comunicación también se aseguró que la guerrilla llevaba un “registro pormenorizado de los niños y adolescentes que asistían” a esas sesiones, “programadas en horarios contrarios al cronograma escolar”. De acuerdo con la versión oficial, las autoridades llegaron hasta ese lugar tras la captura de Rafael Botero Restrepo, alias Tista, presunto integrante de la dirección nacional del Eln y cabecilla del frente urbano de la guerrilla. El supuesto miliciano fue detenido en Bogotá, en febrero de 2018.
Frente al caso, la Fiscalía detalló a PUBLIMETRO que en el proceso sobre la posible utilización del inmueble como centro de adoctrinamiento: “Rafael Botero Restrepo, alias Tista, fue capturado en una operación conjunta de la Fiscalía y el Ejército Nacional. En audiencias concentradas fue imputado por el reclutamiento ilícito de 97 menores de edad, en 12 departamentos del país. Por estos hechos, el juez 73 de control de garantías de Bogotá impuso medida de aseguramiento en centro carcelario”. Aunque en reiteradas ocasiones, PUBLIMETRO quiso ampliar los detalles, este fue el único pronunciamiento del ente acusador.
Avelino Arrieta Sánchez, representante legal de la Asociación Social Comunidad y Vida, propietaria de la casa que fue allanada por la Fiscalía, aseguró a PUBLIMETRO que las acusaciones contra el inmueble son falsas: “La Fiscalía nos causó un daño enorme. Por ejemplo, sustrajo parte del archivo periodístico y de publicaciones de las comunidades eclesiales de base y se las llevó, los incautó. Incautó los cinco discos duros de los computadores, y mucha información, como listados de niños con los que habíamos hecho acompañamiento escolar con jornada alterna; ese acompañamiento escolar se hacía en razón de los trabajos que nosotros desarrollamos con la comunidad. También hay una afectación moral, porque se ha levantado un manto de duda sobre esta casa”.
También resalta que alias Tista nunca tuvo relación con las actividades que se realizan en la casa: “Por una circunstancia de vínculo familiar que tiene con una de las personas que trabaja con nosotros, en algunas oportunidades frecuentó la casa; entonces la Fiscalía se hizo a la idea de que esta era una de las casas de apoyo de ese señor, y no es así”.
Como las comunidades eclesiales de base promueven la organización comunitaria, la casa también es sede de un colectivo que se denomina Enrólate con Suba. Su trabajo ha estado enfocado en la realización de servicios sociales alternativos en varios colegios de la localidad. “La Fiscalía señala que en esta casa encontraron en los computadores unas fotografías, en donde aparecen unos niños leyendo unas cartillas, y aparecen unas listas de asistencia. La Fiscalía dice: ‘Esa es la prueba de que en esta casa se están reclutando menores de edad’. Cuando como colectivo vemos las la noticia, quedamos impactados, porque las fotografías que aparecían ahí no eran únicamente del trabajo de Enrólate, sino que también es parte de mi trabajo de monografía de tesis de grado”, relató a PUBLIMETRO uno de los miembros de Enrólate con Suba.
Según dijo, las fotografías fueron de un taller de lectura que no se hizo en esa casa, sino en otra: “Son fotografías de otro espacio, de otra organización con la que trabajamos en red”.
“Las cartillas son de una colección que se llama Antiprincesas, de la editorial La Fogata. Trata de heroínas latinoamericanas. En cuanto a las listas, pues obviamente cuando uno ejecuta un proyecto, normalmente tiene unos registros de quienes asistieron, esa lista hacía parte de esos talleres y se enmarcan en todo lo que he mencionado”, agregó el miembro de Enrólate. Aunque sí se creó una estigmatización por cuenta del procedimiento de la Fiscalía, las personas que trabajan por la comunidad desde la casa, están tranquilas, porque tienen la certeza de que han hecho las cosas bien.
¿Qué otros grupos tienen presencia en la capital?
En días pasados, el defensor del pueblo, Carlos Negret, reiteró su preocupación sobre la presencia de grupos armados en la capital. Sostuvo que estas organizaciones tendrían relación con el homicidio del intendente de la Policía Erick Cruz, perpetrado en Ciudad Bolívar: “Todos sabemos que hay entre 30 y 40 células del Eln en Bogotá, de cuatro a seis integrantes, pero hay grupos, disidencias y AGC, que podrían ser los causantes del asesinato del Policía”.
Esta no es la primera vez que la Defensoría alerta sobre la presencia de disidencias y otros grupos. Las recientes alertas tempranas de la Defensoría, dan cuenta del inminente riesgo para la capital. Por ejemplo, el texto del documento (n.° 086-18), señala que “la ocurrencia de hechos violentos en contra de la población civil también se sustenta en el factible accionar de milicias declaradas en disidencia de las Farc-EP”.
De acuerdo con la advertencia, algunos anuncios, presuntamente realizados por milicias y otras facciones en disidencia de las Farc permitirían advertir, de manera razonable, su presencia en la capital y sus alrededores, “concretamente, presuntos integrantes del Movimiento Bolivariano, milicias bolivarianas y otras facciones que pertenecieron al otro grupo armado en Bogotá han manifestado sus inconformidades con los acuerdos suscritos entre las Farc-EP y el Gobierno Nacional, aduciendo incumplimientos y la traición de quienes participaron del proceso de negociaciones”.
Sumado a esto, el documento señala que también existe riesgo para la población civil por cuenta del “uso de artefactos explosivos con efectos indiscriminados por parte de quienes han sido denominados Movimiento Revolucionario del Pueblo (Mrp), presunta agrupación que, en diferentes puntos de la ciudad, ha sido señalada como supuesta responsable de atentados y la generación de terror en la población civil a través de esta conducta”. Es importante recordar que alrededor de 10 jóvenes, en su mayoría abogados, sociólogos y politólogos de universidades públicas han sido acusados de pertenecer a este grupo y perpetrar el atentado contra el centro comercial Andino, en el que tres mujeres perdieron la vida y ocho personas más resultaron heridas. Desde el principio han alegado su inocencia, asegurando que su captura es un falso positivo judicial en aras de mostrar resultados.
“Este caso que englobamos dentro de una denominación como caso Andino, en realidad son dos procesos: uno donde se encuentran los hechos del atentado, y otro proceso exclusivamente por el delito de rebelión. En el primer caso, ellos obtuvieron su libertad por orden de la juez, y estas personas fueron recapturadas en las puertas de los establecimientos carcelarios por el delito de rebelión”, expresó a PUBLIMETRO Andrés Felipe Caballero, abogado defensor de dos de los acusados (Andrés Mauricio y Lizeth Johana).
Según dijo, ambos procesos se encuentran a punto de entrar en etapa de audiencia preparatoria, donde se definen las pruebas de la defensa y Fiscalía que van al juicio. “Todos los procesados por este caso han sido víctimas de la injusticia creada por la Fiscalía General de la Nación. Estoy convencido de la inocencia de estas personas y estoy convencido de que este proceso surge por la necesidad de presentar unos resultados por ese atroz atentado en el centro comercial Andino. Todo esto se ha montado como un castillo de naipes”.
La Policía Metropolitana de Bogotá expresó a PUBLIMETRO que a la fecha “no se tiene ninguna información de grupos guerrilleros, ni paramilitares en la ciudad”. La misma posición la tiene el Distrito, sin embargo, ¿cómo seguir desconociendo los hechos de violencia relacionados con estos grupos en la capital?
Eln y disidencias, ¿amenaza latente para la capital?
(PyR) Andrés Nieto, Experto en seguridad de la Universidad Central.
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La Defensoría del Pueblo advierte la presencia del Eln y de las disidencias de las Farc. ¿Cuál es su análisis sobre la presencia de estos dos grupos en la capital?
Se han visto en Bogotá y otras ciudades diferentes formas de tortura, de control del territorio y lo que se llaman muertes ejemplarizantes, que son algunas formas de infundir miedo, de forma muy fuerte, para que las mismas personas que habitan ese territorio sientan temor y empiecen a ser controladas. Vemos, por ejemplo, que en 2017, se encontraron fosas comunes en la localidad de San Cristóbal, luego de dar captura a los famosos Profetas; en 2018, en Bosa y Kennedy, también se encontraron signos de tortura; y este año ya van seis casos de desmembramiento de cuerpos, además de los cuatro policías que han muerto en ejercicio de su labor.
Esto nos plantea que pueden existir estas disidencias que se están organizando, pero que tienen una dinámica distinta, y es la dinámica territorial, y la articulación con bandas delincuenciales para que generen rentabilidad. Hay ejemplos claros que evidencian que esto está ocurriendo en Bogotá, como es el caso del atentado que se hizo a la Escuela de Cadetes. Es evidente que el transporte de esos explosivos tiene que tener una articulación y cadena productiva muy fuerte; y tiene que estar vinculado con diferentes grupos o frentes para que puedan acceder a ese tipo de explosivos, que no son fáciles de conseguir y manipular; y lo último que requiere todo un proceso logístico es que se conozca la ciudad para poder desplazarse, y en ese caso, violar todos los esquemas de seguridad de uno de los puntos más custodiados del país.
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¿Qué intereses pueden tener las disidencias de las Farc en una ciudad como Bogotá?
Estos grupos al margen de la ley lo que buscan es control territorial y todo el tema de control por medio del miedo, para que de alguna manera los ciudadanos estén obligados a asumir esas reglas que les imponen, para generar una posibilidad de mercado. Hay que ver que todo esto ya no está ligado a un proceso ideológico-político, sino a una dinámica directa de mercado, y es porque tanto el crimen como la delincuencia tienen hoy una posibilidad de ser rentables, mucho más que las economías formales.
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