El aumento de homicidios y amenazas a líderes sociales, la llegada de nuevos grupos armados ilegales a los territorios antes controlados anteriormente por las Farc y los desaciertos en las estrategias del Gobierno Nacional para erradicar los cultivos de coca son algunos de los argumentos de líderes afrocolombianos para explicar que la paz no ha hecho eco en sus regiones*.
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Según el Informe de derechos humanos sobre la situación de líderes/as y defensores de derechos humanos en los territorios, publicado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), 591 líderes sociales y 135 exguerrilleros de las Farc en proceso de reincorporación fueron asesinados en Colombia desde que se suscribió el acuerdo de paz hasta el 20 de mayo de 2019.
“Lo que desde el principio hemos planteado como una esperanza con el acuerdo de paz ha tenido toda una desimplementación por parte del Gobierno Nacional, que ha impedido garantizar la efectividad de derechos del pueblo afro. Tenemos una profunda crisis humanitaria que nos obliga a desplazarnos e irnos de nuestros territorios y dejar nuestra ancestralidad para llegar a las ciudades a sufrir nuevas formas de discriminación”, dice Hader Viveros, bonaverense miembro del Equipo Técnico de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA).
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Aunque el Gobierno Nacional ha cumplido con lo estipulado en el acuerdo de paz con acciones como la reincorporación de guerrilleros a la vida civil y su inclusión en proyectos productivos, la próxima reubicación de los Espacios Territoriales y la puesta en marcha del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, los mismos funcionarios del Estado han corroborado la reaparición o el incremento del conflicto en los territorios más violentados del país.
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La semana pasada, luego de una visita de la Comisión de Paz del Congreso a Tierralta (Córdoba) por el asesinato de María del Pilar Hurtado, el senador Iván Cepeda se refirió a un resurgimiento de grupos paramilitares que trabajan en complicidad con actores políticos. En el Chocó, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) sigue liderando la disputa por el territorio con los paramilitares del Clan del Golfo.
“En el Caribe, especialmente en los Montes de María, nuevamente se ha reacomodado el paramilitarismo. Los supuestos desmovilizados hoy tienen otra forma: no creímos nunca el cuento de la desmovilización, ha habido una modificación del actor armado. Algunos hermanos y hermanas negras que fueron expulsados y que han retornado están en condiciones de miseria”, explicó Audes Jiménez, coordinadora regional andina de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora.
Otro de los aspectos que resaltan varios líderes afrocolombianos para poner en duda la real implementación de los planes en pro de la paz son las decisiones que ha tomado el Gobierno Nacional con el objetivo de que Colombia deje de ser el mayor productor de cocaína en el mundo, entre las que está la erradicación de los cultivos de coca.
El informe más reciente del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), publicado en septiembre del año pasado, indicó que Antioquia, Putumayo, Norte de Santander y Cauca fueron los departamentos con el mayor incremento de cultivos de coca entre 2017 y 2018. Además, confirmó que Tumaco seguía siendo la zona con más coca del país, aunque tuvo una reducción del 16% en los cultivos.
“¿Por qué si cuesta menos la sustitución de cultivos de uso ilícito se opta por el valor más alto que es la fumigación con glifosato?”. En realidad, el gobierno no está buscando acabar con estos cultivos. A quienes quieren sacar de esos territorios son a las comunidades. Las dejan sin dónde producir sus alimentos, envenenadas, sin agua… entonces la gente se ve obligada a salir. Ese es el sentir de la comunidad afro de este país que está sufriendo y que soñaba con la paz”, dijo Francia Márquez, lideresa del Cauca.
*El intercambio de ideas entre estos líderes y lideresas se dio en el marco del evento Situación de Derechos Humanos en las Américas, organizado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos.