Esta semana el presidente Juan Manuel Santos instaló la Comisión Ciudadana de Lucha contra la Corrupción en Colombia y recordó que su compromiso para el 2017, después de lograr la paz con las Farc, será acabar con la corrupción en el país.
PUBLICIDAD
Para empezar a cumplir con su promesa, Santos le puso el ojo a las contrataciones en las entidades sin ánimo de lucro, a los congresistas y funcionarios del Estado, a las empresas y a las penas para los corruptos.
La primera decisión fue firmar un decreto que frena “en seco” los abusos en la contratación directa con las entidades sin ánimo de lucro “que han causado la pérdida y desviación de billones de pesos anuales que debían ir a la población, sobre todo a la más vulnerable”.
Después sancionó una ley que, según el mandatario, castigará a senadores y representantes que incurran en las faltas que aparecen en el Código de Ética y Disciplinario del Congresista, “en las que se aplicarán los principios celeridad, eficacia, legalidad”.
También anunció la presentación de dos proyectos:
El primero será sobre el registro de beneficiarios reales de las empresas. Lo que se buscaría con esta ley es que las empresas que operen en Colombia entreguen información sobre las personas que realmente tienen un control significativo de la empresa, es decir, sus beneficiarios reales.
El otro tendría como objetivo cambiar las rebajas de pena por allanamientos a cargos y eliminar el beneficio de casa por cárcel de los corruptos.
PUBLICIDAD
“Queremos evitar los abusos a los que se está prestando esa figura”, dijo Juan Manuel Santos.
También le puede interesar: Santos firma decreto que frena abusos en contratación con fundaciones
