El fallo puso en duda la polémica decisión del mandatario capitalino Gustavo Petro de prohibir las corridas de toros en La Santamaría, y determinó que ningún alcalde del país tiene esta facultad.
La sentencia del 2010 que desarrolla el Alto tribunal da vía libre a la fiesta brava y establece que los gestores y organizadores de estos eventos no tendrán que pedirle permiso a ningún alcalde, ni autoridad municipal para llevarlos a cabo.
En la decisión quedó explicito que el único caso en el que el burgomaestre podrá prohibir las corridas de toros será si se trata de un problema de seguridad o salubridad en los escenarios taurinos.