En las protestas que tuvieron lugar en el país en el 2021 se pudieron observar en videos y fotografías a civiles encapuchados que dispararon en los mismos lugares que se encontraban uniformados de la Policía Nacional, lo cual creó una preocupación ante organismos internacionales y defensores de los derechos humanos. Cabe resaltar que este día fueron asesinadas más de 13 personas en Cali.
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En ese entonces, la Justicia Penal Militar y Policial abrió una investigación contra siete uniformados por el presunto delito de prevaricato por omisión y la Procuraduría General asumió poder en las investigaciones.
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Los lugares que en los que se registraron estos actos fueron en los barrios exclusivos de Cali, como el barrio Ciudad Jardín. Dentro de los ciudadanos que se identificó fue a Andrés Escobar, el cual fue imputado por la Fiscalía General de la Nación y quien explicó que las armas que utilizó fueron solamente traumáticas.
Caracol Radio revivió este episodio del estallido social del 2021 y reveló en exclusiva interceptaciones telefónicas de dos personas, un padre y su hijo, que fueron capturados el pasado 25 de enero del 2023 en Cali, por ser integrantes de una presunta red de tráfico de armas en el Ejército Nacional.
En las conversaciones, la Fiscalía evidenciaría la conformación de grupos de autodefensas para atacar a indígenas y jóvenes de la primera línea que hicieron parte de las manifestaciones que se llevaron a cabo en el gobierno de Iván Duque.
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Además, demostrarían que en dichas organizaciones civiles se usaron armas de fuego que fueron financiadas por terceros y que actuaron en varias partes de la capital del Valle del Cauca, la cual fue una de las zonas del país que mas muertes registró durante el paro nacional, en su mayoría de manifestantes.
De la misma manera, que se podría comprobar que a través de interceptaciones que hacen parte de un proceso penal, integrantes de la Policía de Cali y otros funcionarios conocían la conformación de estos grupos de personas y no hicieron nada para detenerlos o denunciarlos a las autoridades.
Estos son los interceptados
Un ingeniero industrial de 57 años con una anotación judicial por homicidio en el 2015, identificado como Eduardo Molina Berrio y su hijo Eduardo Molina Obando de 25 años, quien sería el socio del sargento retirado Johnny Moreno, quien sería el supuesto principal comprador de las municiones y granadas robadas a la Tercera Brigada del Ejército Nacional en Cali.
De la misma manera, Caracol Radio reveló los expedientes de Molina y cinco militares más, entre activos y retirados que fueron capturados en Bogotá, Cali y Florencia en enero del presente año. Estas personas harían parte de una red de tráfico de armas al servicio de las disidencias de las FARC en Nariño.
Para el 9 de mayo de 2021, los Eduardo Molina tienen una conversación telefónica a las 4:13 p.m. en la cual hablan sobre la conformación de un grupo. Las personas involucradas utilizan la palabra ‘comida’, como un lenguaje secreto para posiblemente hacer referencia a municiones y armas, además se menciona a una persona llamada ‘Lucas’.
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Minutos después, Molina Berrio concretaría a un hombre para la compra de munición. Al mismo tiempo, su hijo estaría realizando la logística para atacar a los manifestantes. Posteriormente, el padre tiene una conversación con ‘Lucas’, pidiéndole que reúna más gente.
Luego, el padre y el hijo se comunican nuevamente y ya habrían concretado la entrega de unas armas de fuego. Al final del mismo día, Eduardo padre se refiere nuevamente a dinero y eleva la cifra a 28 millones de pesos. Posteriormente, el mismo hombre sostiene alrededor de seis conversaciones en la misma noche, en una de ellas menciona la palabra ‘Distrito’ y a personas del extranjero. Además, en la conversación se confirmaría que el grupo de civiles armados estaría listo.
En conversación con otra persona, el hombre se refiere a los manifestantes como ‘indios’, ‘guerrilleros’ que ‘no les interesa morirse’ y menciona un nombre ‘Hernando Zuluaga’ y se refiere a ‘manes de billete’, quienes estarían supuestamente dispuestos a participar en los grupos.
Finalmente, Molina Berrio habría sostenido un diálogo con un funcionario de una entidad que hasta el momento se desconoce, y le pidió que no se metan en las actividades de ‘limpieza’ que pretendían hacer en Cali, en el marco de las manifestaciones sociales. Además, también mencionan que ni la Policía ni el Ejército hacen nada para ‘hacer respetar a la ciudad’.
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Días después, el 28 y 29 de mayo se presentó el ataque por parte de civiles, en presencia de un Policía.
El 28 de mayo, Molina Berrio llamó a una persona de apellido Soto, quien sería un integrante de la Policía de Cali. Le hizo un reclamo por su actividad en el paro nacional y le confesó que él disparó contra los manifestantes. Además, se habló de ‘Comfandi’, que podría hacer referencia a una Caja de Compensación que queda en diferentes puntos de Cali.
Para esa fecha se cumplía un mes de las protestas en contra del Gobierno de Duque. Minutos después, Eduardo llamó a otra persona para saber sobre la situación de orden público en varias zonas de Cali y ratificó que él disparó en las manifestaciones.
Después, 29 de mayo, Eduardo le habría explicado cómo operaron los grupos civiles armados, además habló de disfraces y motos.
De igual manera, Eduardo Molina Obando, recibió una llamada de una persona, a la que le indicó que su papá era el que habría estado disparando la noche anterior, o sea, el 28 de mayo, en contra de los manifestantes. Además, también se confirmaría que no se usaron armas traumáticas.
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Finalmente, Caracol Radio también encontró las interceptaciones de una llamada entre los Molina en la que hablaban sobre quien en ese tiempo era aspirante a la Presidencia de Colombia, Gustavo Petro. Incluso, aseguraron que si Petro llegaba a la presidencia, ellos dejarían el país.