La Fiscalía General de la Nación continúa avanzando en la investigación por la muerte de la menor Valeria Afanador, un caso que ha generado conmoción nacional y que sigue rodeado de dudas nueve meses después de su desaparición en el municipio de Cajicá, Cundinamarca, y del hallazgo de su cuerpo en el río Frío. Según información publicada por el medio Noticias Caracol, la decisión del ente acusador de imputar a dos docentes por homicidio culposo ha reabierto el debate sobre las circunstancias reales de lo ocurrido y el tipo de responsabilidad que podría establecerse en este proceso judicial.
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La Fiscalía Primera de Vida de Zipaquirá, en respuesta a una solicitud de los familiares de la menor, informó que solicitará audiencia de imputación por homicidio culposo contra Emely Fuentes y Danny Javier Ochoa Prada, docentes de la institución educativa donde estudiaba Valeria Afanador al momento de los hechos.
La principal inquietud que surge en la opinión pública gira en torno a por qué la Fiscalía optó por una imputación de homicidio culposo y no de homicidio agravado, una figura penal que implica intención o dolo. De acuerdo con la definición jurídica ampliamente aceptada, el homicidio culposo ocurre cuando se causa la muerte de una persona sin intención directa, pero como consecuencia de negligencia, imprudencia, impericia o violación de normas de cuidado, lo que abre un escenario distinto al de un crimen intencional.
¿Por qué homicidio culposo? La decisión de la Fiscalía en el caso de Valeria Afanador genera incertidumbre nueve meses después
En este caso, la Fiscalía sostiene —según lo reportado por Noticias Caracol— que existen pruebas consideradas contundentes que apuntarían a una muerte por ahogamiento de carácter involuntario, aunque aún no se ha explicado públicamente con detalle cómo llegó la menor al río ni qué papel habrían tenido los docentes en la exposición al riesgo que terminó en la tragedia.
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La investigación se centra en establecer si existieron fallas en los deberes de cuidado dentro del entorno escolar, lo que podría haber facilitado la desaparición de la niña de 10 años. En ese sentido, las autoridades analizan si hubo omisiones o comportamientos que derivaron en la pérdida de control sobre la menor, un punto clave para determinar responsabilidades penales.
El caso de Valeria Afanador se ha convertido en uno de los más sensibles del último año en Colombia. Su desaparición fue reportada el 12 de agosto de 2025, cuando la menor se encontraba en el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe. Desde ese momento se activaron amplios operativos de búsqueda que incluyeron la participación del Ejército, la Policía, la Fiscalía, el CTI y los Bomberos, sin resultados durante varios días.
El hallazgo del cuerpo 18 días después en el río Frío marcó un giro definitivo en la investigación, que pasó de una búsqueda de persona desaparecida a un proceso de judicialización para determinar posibles responsabilidades penales. Sin embargo, como lo ha reiterado la Fiscalía en información citada por Noticias Caracol, todas las líneas de investigación permanecen abiertas.
En medio del proceso, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, señaló en diálogo con el mismo medio que se manejan dos hipótesis principales sobre lo ocurrido. Una de ellas plantea la posibilidad de un accidente, mientras que la otra sugiere una posible desaparición forzada, en la que el cuerpo habría sido ubicado posteriormente en el lugar del hallazgo.
“Una segunda hipótesis es que fuera una desaparición forzada y que el cuerpo hubiera sido allegado al sitio en donde se encontró horas antes de su aparición”, afirmó el mandatario, citado por Noticias Caracol, al insistir en que el informe de Medicina Legal será clave para esclarecer los hechos.
A estas dudas se suma el análisis del informe forense, también citado por el mismo medio, que concluyó que la causa de muerte fue ahogamiento, al encontrar agua y residuos en las vías respiratorias de la menor. Sin embargo, la familia de Valeria ha expresado públicamente su inconformidad con esta versión, asegurando que el cuerpo presentaba lesiones que no tenían explicación clara.
El padre de la menor, Manuel Afanador, manifestó en declaraciones recogidas por Noticias Caracol su desconcierto frente a las condiciones del hallazgo: “Pasamos por esa zona más de 100 veces con más de 280 personas diarias. No tiene lógica que apareciera allí después de 18 días”, expresó, cuestionando la versión oficial.
El abogado de la familia, Julián Quintana, también ha insistido en la necesidad de resultados concretos en la investigación, señalando que el caso aún está lejos de cerrarse y que la familia espera avances reales en la identificación de responsabilidades.
Mientras tanto, la imputación contra los dos docentes se convierte en un punto crítico del proceso. Aunque la Fiscalía General de la Nación sostiene que cuenta con material probatorio suficiente para avanzar en esta etapa, persisten interrogantes sobre la naturaleza de la conducta investigada y sobre si la calificación de homicidio culposo responde a una valoración técnica o a la imposibilidad de demostrar una conducta dolosa.
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La pregunta que se mantiene abierta en el centro del debate público es si habrá justicia plena para Valeria Afanador y su familia, en un caso que sigue marcado por hipótesis, contradicciones y la expectativa de una respuesta definitiva por parte de la justicia colombiana.